La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició, este lunes, 13 de abril, el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para prevenir y sancionar el uso fraudulento de las figuras de protección migratoria, presentado por la asambleísta Graciela Ramírez.
Según explicó la legisladora, la iniciativa surge de una realidad que el país no puede ignorar, ya que las medidas de protección migratoria fueron concebidas para amparar a personas que no pueden regresar a su país de origen por situaciones como persecución, violencia o amenazas a su integridad. En este sentido, señaló “Ecuador ha sido un país generoso en la aplicación de estos mecanismos”; sin embargo, advirtió que grupos de delincuencia organizada han hecho un uso indebido de los mismos con fines ilícitos.
Detalló que la propuesta plantea reformar cuatro artículos relacionados con la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, delitos que se cometen mediante falsas promesas de protección o regularización migratoria para captar a las víctimas y someterlas a condiciones inhumanas. Además, se incorporan nuevas circunstancias agravantes con el fin de evitar la impunidad.
Ramírez añadió que disposiciones similares ya han sido implementadas en países como Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea, donde se establecen sanciones severas para proteger a los migrantes y evitar que sean víctimas de este tipo de conductas que distorsionan los mecanismos de protección migraoria.
Delito de pertenencia
En el tratamiento de las reformas al COIP, específicamente sobre el delito de pertenencia, se recibió el criterio de Ángel Naranjo Estrada, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Bolívar. El académico explicó que la “pertenencia” no se limita a integrar formalmente una organización, sino que implica la participación activa y consciente de una persona dentro de un grupo delictivo. En este contexto, señaló que quienes pertenecen a estructuras de delincuencia organizada actúan de manera coordinada y planificada con el fin de obtener beneficios económicos, como sucede en actividades ilícitas como el narcotráfico.
En este contexto, indicó que la norma contempla tres conductas principales que configuran el delito: pertenecer, ser parte y colaborar. Sin embargo, observó que este se configura incluso cuando el individuo no ha participado directamente en la comisión del hecho, lo que debería ser revisado para evitar sanciones anticipadas sin pruebas suficientes de su autoría. A su criterio, la redacción actual podría dar lugar a una criminalización apresurada, al no delimitar con claridad la diferencia entre autoría y complicidad.
EG