Ximena Cali Álvarez, vicealcaldesa del cantón Sígsig, provincia de Azuay, expuso ante la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional una denuncia sobre un supuesto incremento injustificado de patrimonio contra el alcalde, David Duchi Tanga Morocho,
La mesa legislativa recibió a la vicealcaldesa en el marco del proceso de fiscalización sobre un presunto incremento injustificado de patrimonio de alcaldes y prefectos del país.
La Comisión recibió a la vicealcaldesa de Sígsig, Ximena Cali Álvarez, en el marco del proceso de fiscalización sobre un presunto incremento injustificado del patrimonio de alcaldes y prefectos del país.
Al inicio de su comparecencia, Cali aclaró que su presencia en la mesa legislativa no tiene fines de persecución política ni busca emitir sentencias anticipadas o sustituir las competencias de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía o el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Señaló que su intervención responde al ejercicio de fiscalización sobre hechos registrados en el cantón donde ejerce como concejala.
Indicó que durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, junto con otros concejales, ha presentado ante la Contraloría diversas solicitudes de control relacionadas con procesos de contratación pública y actuaciones administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Sígsig.
Añadió que la documentación entregada a la Asamblea incluye oficios, fechas, constancias de recepción y expedientes de contratación, por lo que, según afirmó, no se trata de rumores sino de información documentada.
Durante su exposición, la vicealcaldesa se refirió al proceso de contratación para la construcción del sistema de alcantarillado y de la planta de tratamiento de aguas residuales de Sígsig, cuyo presupuesto asciende a $4,07 millones. Aseguró que el procedimiento fue declarado desierto en dos ocasiones y señaló que, hasta la fecha, la Contraloría no ha emitido un pronunciamiento sobre ese caso.
También habló de varios procesos de ínfima cuantía puestos en conocimiento de las autoridades competentes y correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2023 y julio de 2025. Según explicó, estos contratos fueron adjudicados dentro de un mismo proyecto y a los mismos proveedores, por lo que solicitó que sean revisados para determinar si existieron posibles irregularidades.
Álvarez también hizo referencia a las contrataciones de servicios para festividades y eventos desarrollados en la cabecera cantonal y en las parroquias rurales durante 2023, 2024 y 2025. Recordó que en 2023 se presentó una denuncia debido a que, según dijo, el GAD Municipal destinó cerca de $500.000 para esos procesos.
Asimismo, mencionó un presunto caso de nepotismo dentro del Municipio de Sígsig. No obstante, evitó profundizar en el tema y pidió que la información entregada a la comisión sea verificada por las autoridades competentes.
La vicealcaldesa expresó además su preocupación por el funcionamiento del Concejo cantonal. Explicó que la normativa establece que las sesiones ordinarias deben realizarse cada ocho días y convocarse con al menos 48 horas de anticipación. Sin embargo, sostuvo que los concejales han constatado que únicamente se ha cumplido alrededor del 37 % de las convocatorias previstas.
En otro punto de su intervención, señaló que el 29 de julio de 2026 solicitaron información sobre las declaraciones juramentadas de patrimonio del alcalde de Sígsig. Según indicó, la consulta realizada al sistema correspondiente evidenció que no constaba la declaración patrimonial del año 2025.
A partir de esa información, dijo que iniciaron una línea de investigación para recopilar datos sobre la situación patrimonial, los vínculos familiares y las relaciones de funcionarios y directores que integran la administración municipal.
En ese contexto, informó que presentaron una denuncia ante la Contraloría General del Estado para que se requiera información a distintas instituciones públicas y privadas, entre ellas los registros de la propiedad de Cuenca y Sígsig. Afirmó que, hasta el momento, no se ha recibido la información correspondiente al alcalde en funciones.
No obstante, señaló que el Registro de la Propiedad de Sígsig sí remitió documentación sobre bienes inscritos a nombre de la esposa del alcalde y una participación registrada a nombre del propio funcionario. Entre esos bienes mencionó una fábrica y un terreno.
Respecto a la fábrica, Cali Álvarez sostuvo que tendría un valor aproximado de $200.000 y cuestionó que una infraestructura de esas características pudiera haberse construido en menos de dos años únicamente con los ingresos provenientes del cargo de alcalde.
Para respaldar sus afirmaciones, la vicealcaldesa citó un reportaje periodístico en el que, según indicó, se señala que el alcalde inició su gestión en 2022 con un patrimonio negativo cercano a 90.000 dólares y que, en menos de dos años, este se habría incrementado en aproximadamente $120.000, de acuerdo con la información correspondiente a 2024.
La presidenta de la mesa, Lucía Pozo (ADN), dijo que continuarán receptando las denuncias ciudadanas y de autoridades locales en contra de alcaldes y prefectos del país. Aunque hasta el momento no se conoce el número exacto de denuncias que fueron enviadas al mail creado por la mesa legislativa.
Fuente: El Universo
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