La Comisión de Educación, con nueve votos afirmativos, aprobó el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales y recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional su archivo, hasta contar con una propuesta integral, técnicamente sólida y alineada con los estándares constitucionales y de derechos humanos.
El informe analizado por la mesa legislativa este martes 5 de mayo concluye que la propuesta presenta serias deficiencias jurídicas, constitucionales y técnicas, por lo que no garantiza una regulación adecuada del entorno digital en el país.
La presidenta de la comisión, Cecilia Baltazar, reiteró que era necesario dar este paso ante las deficiencias de la iniciativa y exhortó a los legisladores a presentar una nueva propuesta, mejor estructurada, que realmente garantice una regulación adecuada del entorno digital y proteja a los menores de edad.
El documento advierte que, aunque existe un vacío normativo en la materia, esto no justifica la adopción de una legislación imprecisa o incompatible con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En particular, se determina que el proyecto no protege de manera adecuada la libertad de expresión, al no incorporar criterios de necesidad, proporcionalidad ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el rol de las redes sociales en la democracia digital.
Asimismo, se evidencia que la propuesta es insuficiente para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pese a que estos constituyen un grupo prioritario frente a los riesgos del entorno digital. El texto tampoco establece mecanismos efectivos para prevenir afectaciones relacionadas con la salud mental, la privacidad y la exposición a contenidos nocivos.
En materia de protección de datos personales, no guarda coherencia con la normativa vigente y genera duplicidad con la legislación existente, lo que podría derivar en conflictos legales y debilitar la protección de la información personal.
De igual forma, el informe señala que la iniciativa carece de claridad normativa, al incluir disposiciones ambiguas y sin definición precisa de competencias, obligaciones ni mecanismos de control, lo que compromete la seguridad jurídica y abre la puerta a interpretaciones discrecionales e incluso a posibles formas de censura.
En conclusión, la comisión determina que el proyecto, aunque parte de una preocupación legítima, no ofrece una solución adecuada y podría generar más riesgos que beneficios, afectando derechos fundamentales y la coherencia del ordenamiento jurídico.
JC