La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales analizó la situación de la educación intercultural bilingüe en los territorios de la nacionalidad Chachi, con especial atención a la distribución de docentes, la cobertura de partidas vacantes y el acceso a la educación de niños y adolescentes desplazados por la violencia.
Durante la sesión, se recibieron a representantes de ministerios, así como de la Defensoría del Pueblo, para revisar las acciones implementadas frente a la crisis de seguridad y garantizar la preservación de la lengua, las costumbres y la forma de vida de esta nacionalidad.
La presidenta de la mesa legislativa, Cecilia Baltazar, informó que recibió una alerta de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) sobre el desplazamiento forzado de menores de edad, lo que afecta su acceso a la educación.
Su presidente, Santiago de la Cruz, indicó que 198 estudiantes de dos unidades educativas no podrán continuar sus estudios durante el presente año lectivo. Además, señaló que, en noviembre de 2025, comunidades reportaron la presencia de personas externas que intentaban ocupar aproximadamente 50 hectáreas para actividades mineras.
El líder comunitario Luciano Añapa expuso la situación del centro Chachi Cayamansha y la salida de familias de la comunidad La Tranca. Estas y otras problemáticas también fueron abordadas por el dirigente Daniel Añapa y el sacerdote José Antonio Maeso, coordinador de la Pastoral Social de Esmeraldas. Por su parte, la especialista en derecho al refugio, Gabriela Malo, alertó sobre un proceso de desplazamiento forzado cada vez más visible y sus efectos en los pueblos indígenas.
En el ámbito educativo, Javier Salgado, delegado del Ministerio de Educación, informó que 323 docentes laboran en territorio Chachi y que se ha garantizado la cobertura para el inicio del ciclo escolar del régimen Costa-Amazonía, previsto para el 16 de abril. No obstante, los representantes comunitarios señalaron que, de los 52 establecimientos existentes, alrededor del 80 % presenta condiciones deterioradas que afectan el proceso de enseñanza.
En zonas de alta vulnerabilidad, como la denominada “zona 0”, la oferta educativa es limitada y existen comunidades sin acceso directo a instituciones, lo que obliga a los estudiantes a movilizarse en condiciones de riesgo. En ese contexto, se planteó la necesidad de ampliar la oferta educativa hasta bachillerato en la unidad educativa José Zapata.
La inseguridad, derivada de la presencia del crimen organizado en los territorios, fue otro de los puntos debatidos por la mesa legislativa. Según los dirigentes, no existen condiciones para garantizar traslados seguros, lo que agrava el acceso a la educación. Frente a ello, el Ministerio de Educación anunció acciones inmediatas para asegurar la continuidad educativa.
Ante este escenario, la comisión solicitará información a las entidades competentes y articular acciones con la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, con el fin de impulsar investigaciones y respuestas inmediatas. Además, se planteó informar sobre el tema a la Comisión de Seguridad para su seguimiento.
Por su parte, los dirigentes propusieron instalar mesas técnicas en la provincia de Esmeraldas con las respectivas autoridades para tomar decisiones inmediatas.
AM-JC