El próximo 7 de agosto de 2026 marcará un punto de inflexión en la política de seguridad de Colombia. Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia con un acuerdo estratégico con Estados Unidos para acelerar la cooperación militar y alinear al país con las prioridades de Donald Trump en la región. Así lo reveló un informe de The New York Times, citando a funcionarios de alto rango de ambos gobiernos.
De la Espriella, un político conservador sin experiencia previa en cargos públicos, construyó su campaña sobre la promesa de combatir con firmeza a los grupos narcotraficantes. Su triunfo electoral allana el camino para una nueva etapa en la que Colombia se posiciona como un pilar estratégico en la estrategia estadounidense de militarización regional.
Una comitiva del nuevo gobierno colombiano viajó a Washington y de esa visita resultó el anuncio de un plan de cooperación militar que, según autoridades estadounidenses, llevará la alianza histórica “a nuevos niveles”.
Medellín, sede regional del Escudo de las Américas
Como parte de esa línea de acción, Medellín será la sede regional del programa Escudo de las Américas, impulsado por Trump como una coalición de 18 países para enfrentar a los cárteles y organizaciones clasificadas como terroristas por Estados Unidos. La estrategia contempla el uso de fuerza letal y operaciones conjuntas en territorio latinoamericano, en un esquema comparado con las campañas militares contra Al Qaeda y el Estado Islámico.
El eje principal de la renovada alianza es el Plan Patriota 2.0, anunciado por el nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Este plan incluye:
- Fortalecimiento de la inteligencia.
- Apoyo directo de Estados Unidos a operaciones militares en Colombia.
- Reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca, prohibida desde 2015 por razones de salud pública.
- Extradición ágil de narcotraficantes capturados.
De la Espriella ha elogiado públicamente la política de Trump y respaldado las acciones militares estadounidenses, incluyendo ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas que han causado al menos 221 muertes en operaciones recientes. Además, Washington ha designado a dos decenas de organizaciones latinoamericanas como terroristas, aumentando la presión para permitir intervenciones militares.
La controversia y el legado de Petro
La estrategia no está exenta de críticas. El presidente saliente, Gustavo Petro, mantuvo una postura contraria a la política antidrogas de Trump, calificando de asesinatos los ataques militares y cuestionando la falta de pruebas sobre el vínculo de las embarcaciones atacadas con el narcotráfico.
Durante el mandato de Petro, Colombia fue descertificada como socio antinarcóticos por Washington y enfrentó sanciones y amenazas de recorte de ayuda. Este escenario coincide con el crecimiento del narcotráfico y la expansión de los grupos armados. Investigadores del conflicto señalan que el número de combatientes en organizaciones ilegales casi se duplicó, pasando de 13.000 en 2022 a cerca de 27.000 en 2025.
La inactividad militar, marcada por los intentos de diálogo de paz, permitió la propagación de estos grupos. Expertos y exfuncionarios estadounidenses consultados por el diario indican que las Fuerzas Armadas colombianas perdieron capacidades operativas por recortes presupuestales y la depuración de decenas de generales. El relanzamiento contempla el refuerzo de la flota de helicópteros, tecnología antidrones y más operaciones conjuntas.
No obstante, la reanudación de la fumigación aérea con glifosato genera objeciones de organizaciones de salud y derechos humanos, que recuerdan la prohibición vigente desde 2015 por los riesgos para la población.
En el ámbito político colombiano, el senador Iván Cepeda, excandidato presidencial de izquierda que perdió las elecciones ante De la Espriella, advirtió que la estrategia puede poner en riesgo la soberanía nacional y convertir a Colombia en un “protectorado” de Washington.
La sede de la toma de posesión, que inicialmente sería una base militar, se trasladó a Cali tras la oposición de legisladores. La seguridad se reforzó luego de que la policía interceptara un autobús con 420 kilogramos de explosivos, presuntamente destinados a atacar instalaciones militares y policiales durante la ceremonia, en un operativo atribuido a disidencias de las Farc.
En cuanto a la ayuda estadounidense, el flujo hacia Colombia alcanzó en el pasado los 400 millones de dólares anuales, pero se redujo a 187 millones en el primer año del segundo mandato de Trump. Se espera que con la nueva administración colombiana los recursos vuelvan a incrementarse para financiar la ofensiva.
Desafíos inmediatos
Las organizaciones ilegales han sabido adaptarse, ampliando sus operaciones a países vecinos como Venezuela y Ecuador, y reclutando menores para dificultar las acciones militares en su contra. Fuentes oficiales de ambos países indicaron que la coordinación y la planificación serán determinantes para el éxito de la nueva estrategia.
Mientras tanto, desde Washington se presiona para obtener resultados visibles en la lucha contra los cárteles, una prioridad que podría intensificarse de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos.
El gobierno de De la Espriella apuesta a una respuesta militar robusta contra el narcotráfico, pero enfrenta el reto de equilibrar la cooperación internacional con la protección de la soberanía y los derechos de la población civil, en medio de una creciente violencia y complejidad regional.
Fuente: Infobae