Como resultado de una denuncia sobre un lote de medicamentos reportado como robado, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en un operativo conjunto con la Gobernación de Cañar y la Policía Nacional, desarrolló una investigación que permitió localizar los productos en una cadena de farmacias ubicada en la ciudad de Azogues y descubrir una serie de graves incumplimientos a la normativa sanitaria.
Durante las inspecciones simultáneas, Arcsa identificó 900 comprimidos correspondientes a dicho lote, así como 930 unidades de preservativos que también constaban como productos reportados como robados, por lo que se fortalecieron las investigaciones para determinar el origen y la posible comercialización ilícita de estos artículos. Los productos fueron incautados por Policía Nacional para continuar con los análisis correspondientes y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir.
Los equipos técnicos también detectaron 104 medicamentos caducados y 65 sin registro sanitario, entre ellos vacunas (toxoide tetánico) y parches de cannabis, productos que fueron decomisados para impedir su comercialización y proteger la salud de la población.
Las inspecciones evidenciaron, además, la aplicación de tratamientos invasivos dentro de establecimientos farmacéuticos, una práctica no autorizada por la Ley Orgánica de Salud; además, la venta de medicamentos sujetos a prescripción médica sin exigir la receta correspondiente; y que la bodega farmacéutica operaba sin contar con la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte (BPADT), requisito indispensable para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos durante toda la cadena de abastecimiento.
Ante la gravedad de las infracciones detectadas, Arcsa dispuso la clausura de los cinco establecimientos inspeccionados e inició los procedimientos sancionatorios de rigor.
Este operativo refleja el trabajo articulado entre Arcsa y las autoridades de control, reafirmando el compromiso de las instituciones del Estado para combatir el comercio ilegal de medicamentos, garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria y proteger la salud de los ciudadanos.