Durante esta semana, el Senado de Chile otorgó su aprobación general, tras una votación estrecha de 23 sufragios a favor y 22 en contra, a una propuesta legislativa impulsada por sectores de derecha. El objetivo central de esta normativa es permitir la suspensión o conmutación de penas de cárcel por arresto domiciliario para aquellos reos adultos mayores que padezcan patologías de carácter grave. Sin embargo, la iniciativa ha desatado una fuerte controversia al conocerse que podría favorecer a numerosos militares sentenciados por crímenes de lesa humanidad en el recinto de Punta Peuco, así como a peligrosos criminales y homicidas seriales.
Dentro de los posibles beneficiados se encuentran nombres de alto perfil delictivo, como el exintegrante de la DINA, Miguel Krassnoff, quien acumula condenas que superan los 1.000 años de prisión por delitos de homicidio, tortura y secuestro durante el régimen de Augusto Pinochet. También figuran el llamado “psicópata de Alto Hospicio”, Julio Pérez Silva, y el conocido como “asesino del tambor”, Hugo Bustamante, este último sentenciado por el atroz crimen contra su hijastra, la menor Ámbar Cornejo, además de otros asesinatos previos.
En términos técnicos, el proyecto plantea el beneficio de reclusión domiciliaria para reclusos que se encuentren bajo las siguientes condiciones:
- Aquellos con enfermedades o discapacidades que el sistema penal no pueda tratar de forma adecuada.
- Presos que padezcan dolencias crónicas o se encuentren en estado terminal.
- Personas que tengan al menos 70 años de edad, siempre que al sumar su condena alcancen los 80 años.
Pese a estos requisitos, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, advirtió que la cifra de beneficiarios potenciales es alarmante. Según la funcionaria, más de 12.000 internos podrían acogerse a esta medida de forma automática, incluyendo a cerca de 400 condenados por delitos atroces como parricidio, violación y homicidio, advirtiendo además que el proyecto carece de “mecanismos de acreditación de las circunstancias de salud” ante los tribunales correspondientes.
El rechazo al denominado “Proyecto Punta Peuco”
Tras la luz verde en la Cámara Alta, las reacciones del oficialismo y grupos defensores de los derechos humanos fueron inmediatas. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, fue uno de los críticos más severos, calificando la jornada legislativa como un retroceso institucional.
“Hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país”, sentenció Gajardo.
El secretario de Estado exigió explicaciones a quienes respaldaron la norma: “¿Por qué aprobaron un proyecto que va a llevar a victimarios de crímenes tan horrendos a sus casas? ¿Por qué van a permitir la excarcelación de los criminales de lesa humanidad, de los violadores de niños, niñas o adolescentes? Eso realmente no tiene ninguna explicación”, manifestó con evidente frustración.
Por su parte, el exprocurador Carlos Gajardo tildó la regulación de “aberrante” y “de locos”, señalando que la lista de favorecidos incluiría a figuras como María del Pilar Pérez (apodada La Quintrala) o Miguel Ángel Cerda, recientemente procesado como autor intelectual de un sicariato. Asimismo, el exfiscal denunció que los reos terminales ya cuentan con mecanismos para la conmutación de penas, calificando el debate como una “ley de punto final encubierta” que solo busca beneficiar a exmilitares.
El propio mandatario chileno, Gabriel Boric, se sumó a las críticas afirmando que la medida “consagra la impunidad para criminales”. El jefe de Estado instó al Congreso a frenar la tramitación en las siguientes instancias parlamentarias bajo la premisa de que “los criminales tienen que estar donde tienen que estar”, agregando que “la justicia no es venganza. La justicia es justicia”.
Argumentos y posturas de la oposición
Desde la bancada de la oposición, los defensores de la ley restaron dramatismo a las críticas. Juan Irarrázaval, líder de los diputados del Partido Republicano, insistió en que “en ningún caso” la intención es propiciar una salida masiva de peligrosos delincuentes de los recintos penitenciarios. Incluso sugirió que la propuesta podría ser analizada en un futuro programa de gobierno por José Antonio Kast.
En esta misma línea se expresaron el senador Rojo Edwards y el diputado electo de tendencia libertaria, Hans Marowski. Ambos instaron a dar celeridad a la normativa y mencionaron la posibilidad de un indulto presidencial por parte de Kast si el proyecto no prospera. Marowski aclaró: “Nosotros apoyamos el proyecto de conmutación de penas, pero tenemos algunas indicaciones para que no haya riesgo de reincidencia, que no salgan personas potencialmente peligrosas”.
No obstante, incluso dentro de la derecha hubo voces cautas. El diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional (RN), admitió que el texto actual “jurídicamente tiene errores graves y hay que hacer correcciones profundas”.
La iniciativa legislativa ahora deberá enfrentar su discusión detallada en el Senado antes de pasar a su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es importante destacar que, por el momento, el presidente Gabriel Boric no posee facultades para aplicar un veto, ya que dicha atribución solo puede ejercerse tras la promulgación oficial de la ley.
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