Después de meses de bloqueos por parte de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), la Asamblea Nacional —coincidentemente— intensificó su ofensiva en torno al caso Progen. Por ello, activó simultáneamente varios mecanismos de control que ponen bajo escrutinio tanto a exautoridades como a la red financiera de la empresa.
El 24 de junio de 2026 se definieron dos líneas principales de investigación que ahora deberán ser tramitadas por la Comisión de Fiscalización. Esta mesa, presidida por el asambleísta oficialista Ferdinan Álvarez, archivó a inicios de junio el más reciente pedido de juicio político relacionado con el caso, luego de que todos los legisladores de ADN se abstuvieran en la votación.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó, por unanimidad, el inicio del trámite de juicio político contra la exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano. Este proceso, impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana (RC), se fundamenta en un presunto incumplimiento de funciones durante la gestión de la crisis eléctrica y la suscripción de contratos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM).
Según los legisladores proponentes, estas irregularidades habrían provocado un perjuicio económico al Estado estimado en USD 180 millones. Entre los señalamientos más graves consta la adquisición de motores del año 2016, calificados como “chatarra inservible”, por un valor de USD 71 millones. El expediente será remitido a la Comisión de Fiscalización, la cual tendrá cinco días para avocar conocimiento.
Además de las irregularidades contractuales, el expediente incluye una noticia criminis basada en audios filtrados. En dichas grabaciones, presuntamente se escucha a Manzano dar instrucciones a la legisladora oficialista Diana Jácome (ADN) para evitar brindar explicaciones claras ante la la Comisión de Transparencia sobre estos procesos.
Tras la aprobación del CAL, que se basó en un informe técnico-jurídico de la Unidad Técnica Legislativa, la presidencia de la Asamblea tiene un plazo de tres días para remitir el expediente a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Una vez recibida la documentación, esta mesa legislativa dispondrá de cinco días para avocar conocimiento y verificar que se cumplan los requisitos constitucionales para iniciar la interpelación.
Investigación de la “ruta del dinero”
Paralelamente, el Pleno de la Asamblea aprobó con 131 votos —incluyendo al oficialismo (ADN) y a la oposición— una resolución para investigar la ruta de los fondos transferidos por Progen. Esta iniciativa, planteada por la asambleísta Ana Belén Tapia (ADN), busca rastrear el destino de aproximadamente 700 transferencias bancarias realizadas desde cuentas en Estados Unidos hacia abogados, estudios jurídicos y empresas.
El eje de la investigación consiste en rastrear cerca de 700 transferencias bancarias realizadas desde cuentas de Progen en Estados Unidos hacia una red de beneficiarios en Ecuador. Según el jefe de la bancada de ADN, Esteban Torres, el objetivo es identificar a los accionistas y beneficiarios finales detrás de estos movimientos de capital, los cuales habrían sido destinados a abogados, estudios jurídicos y empresas que actuaron bajo la fachada de contratistas o lobistas directos de la compañía.
Esta iniciativa legislativa, según la bancada gobiernista, se sustenta en información obtenida mediante cooperación internacional y revelaciones previas del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien ya había advertido sobre estos flujos financieros irregulares vinculados al denominado “caso Apagón”.
La resolución aprobada otorga a la Comisión de Fiscalización un plazo de 30 días para presentar un informe detallado con conclusiones y recomendaciones al Pleno. Para cumplir con este encargo, la comisión está facultada para:
- Requerir información y documentación reservada a entidades nacionales e internacionales.
- Disponer la comparecencia obligatoria de autoridades, representantes legales y cualquier actor vinculado a los hechos investigados.
- Notificar los hallazgos a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado para las acciones legales pertinentes.
Mientras el frente legislativo avanza, la bancada oficialista también ha tomado medidas en el ámbito penal. El jefe de bloque de ADN, Esteban Torres, solicitó a la Fiscalía General del Estado la vinculación de nuevas personas naturales y jurídicas al proceso conocido como “caso Apagón”. Entre los nombres señalados para ser incluidos en la instrucción fiscal figuran:
- José Walther Manrique Suárez
- Las compañías Astrobryxa S.A. y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A..
Ahora, a pesar del respaldo unánime a la resolución, el primer debate en el Pleno sobre este tema evidenció discrepancias sobre el alcance y avance de la fiscalización. De su lado, ADN enfoca sus esfuerzos en los receptores de las transferencias, mientras que legisladores de Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) sostienen que la “ruta del dinero” no es suficiente si no se determina la responsabilidad política de las autoridades que permitieron la firma de los contratos.
De hecho, el asambleísta Alfredo Serrano (PSC) cuestionó que en las investigaciones fiscales y legislativas aún no se aclare quién permitió el presunto perjuicio de USD 104 millones durante la crisis energética.
No obstante, desde el oficialismo se aclaró que la información recibida no señala a exministros como beneficiarios directos de estas transferencias, aunque el proceso busca llegar hasta los nombres definitivos en la cadena de pagos.
Radio Pichincha
LV