El pedido de juicio político es impulsado por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna.
Los legisladores del correísmo acusan a Manzano de incumplimiento de funciones por presuntas omisiones cometidas en el proceso de contratación de las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), por el cual el Estado pagó $ 70 millones; este proceso es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el denominado caso Apagón, pero en el Parlamento se fiscaliza bajo el nombre de caso ATM
Ismael Quintana, abogado de la exministra, explicó que la acusación de los proponentes se basa en dos pruebas documentales. La primera, dijo, es un informe de la Contraloría General del Estado sobre un examen especial a las fases precontractual, contractual, de pagos y la ejecución del contrato entre Celec y ATM que en ninguna recomendación u observación menciona al Ministerio de Energía y Minas y a la ministra Manzano.
“La discusión ha girado respecto a cuán útil es eso para probar la responsabilidad política de la ministra, cuando hay un informe que examina el contrato que es la base de la acusación constitucional y ese documento ni siquiera la menciona de modo referencial o circunstancial. Entonces, esa prueba más bien viene a ser a nuestro favor y así le hemos pedido que se considere en la comisión”, dijo.
Quintana también repasó que los proponentes intentaron presentar un informe de minoría elaborado, entre otros, por el mismo asambleísta Blasco Luna, lo cual, comentó, fue objetado porque se trata de un informe de minoría presentado ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Esto, sustentó la defensa de Manzano, no puede ser considerado como prueba de cargo porque es un documento elaborado por uno de los asambleístas proponentes.
El abogado observó que algunas pruebas que han expuesto los legisladores de la RC, entre notas o recortes de prensa, se relacionan estrictamente con el tema Progen, algo que no es materia del trámite de juicio político.
Sobre un audio en el que se escucha a quienes serían la exministra Manzano y Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y exviceministro de Electricidad, que fue publicado por Ecuavisa, Ismael Quintana explicó que se trata de una prueba ilícita, pues es un audio que no ha sido periciado ni incorporado en el expediente del caso Apagón que se investiga en Fiscalía.
“Hemos dado otras explicaciones, como por ejemplo, que este es un juicio político que se basa en un contrato que fue suscrito, negociado, elaborado, incluso mayoritariamente cancelado, antes de que Inés Manzano fuera designada ministra de Estado el 9 de octubre de 2024”, puntualizó el jurista.
A la vez, el abogado detectó un problema en este proceso. Quintana refiere que los proponentes están trayendo a discusión política un asunto técnico sobre contratación pública, que es de control gubernamental, o sea, de la Contraloría General del Estado, pues explica que se habla de órdenes de pago, de asignaciones presupuestarias, de los administradores del contrato.
“Ese es el problema cuando se politiza un asunto que debiera discutirse desde el plano técnico. Como la discusión acá pasó de lo político a lo técnico, al menos en lo que tiene que ver con nuestras intervenciones, me parece que hemos logrado el objetivo de aterrizar la discusión a lo jurídico, y esperaríamos que el informe de la Comisión sea un informe que también vaya en esa sintonía”, sostuvo.
En todo caso, precisó Quintana, es la Comisión de Fiscalización la que tendrá que elaborar un informe sobre la base de todas las pruebas presentadas en el trámite de sustanciación.
El proceso de juicio político en contra de la exministra Inés Manzano avanza en la mesa legislativa, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN) con la presentación de la prueba documental y testimonial anunciada por los proponentes Mónica Palacios, LNoticias
Política
Juicio político a Inés Manzano: defensa de exministra cuestiona pruebas de asambleístas proponentes y descarta su participación en el caso ATM
El abogado de la exministra observó que algunas pruebas que han expuesto los proponentes no tienen relación con la materia del trámite de juicio político.
Inés Manzano compareció de forma telemática al inicio de la práctica de pruebas del juicio político
Comisión de Fiscalización rechaza incorporar prueba en el juicio político contra Inés Manzano
El trámite de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía Inés Manzano avanza en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y los abogados de la exsecretaria de Estado cuestionan las pruebas presentadas por los asambleístas del correísmo proponentes de este proceso.
El pedido de juicio político es impulsado por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna.
Los legisladores del correísmo acusan a Manzano de incumplimiento de funciones por presuntas omisiones cometidas en el proceso de contratación de las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), por el cual el Estado pagó $ 70 millones; este proceso es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el denominado caso Apagón, pero en el Parlamento se fiscaliza bajo el nombre de caso ATM.
Ismael Quintana, abogado de la exministra, explicó que la acusación de los proponentes se basa en dos pruebas documentales. La primera, dijo, es un informe de la Contraloría General del Estado sobre un examen especial a las fases precontractual, contractual, de pagos y la ejecución del contrato entre Celec y ATM que en ninguna recomendación u observación menciona al Ministerio de Energía y Minas y a la ministra Manzano.
“La discusión ha girado respecto a cuán útil es eso para probar la responsabilidad política de la ministra, cuando hay un informe que examina el contrato que es la base de la acusación constitucional y ese documento ni siquiera la menciona de modo referencial o circunstancial. Entonces, esa prueba más bien viene a ser a nuestro favor y así le hemos pedido que se considere en la comisión”, dijo.
Quintana también repasó que los proponentes intentaron presentar un informe de minoría elaborado, entre otros, por el mismo asambleísta Blasco Luna, lo cual, comentó, fue objetado porque se trata de un informe de minoría presentado ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. Esto, sustentó la defensa de Manzano, no puede ser considerado como prueba de cargo porque es un documento elaborado por uno de los asambleístas proponentes.
El abogado observó que algunas pruebas que han expuesto los legisladores de la RC, entre notas o recortes de prensa, se relacionan estrictamente con el tema Progen, algo que no es materia del trámite de juicio político.
Sobre un audio en el que se escucha a quienes serían la exministra Manzano y Fabián Calero, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y exviceministro de Electricidad, que fue publicado por Ecuavisa, Ismael Quintana explicó que se trata de una prueba ilícita, pues es un audio que no ha sido periciado ni incorporado en el expediente del caso Apagón que se investiga en Fiscalía.
“Hemos dado otras explicaciones, como por ejemplo, que este es un juicio político que se basa en un contrato que fue suscrito, negociado, elaborado, incluso mayoritariamente cancelado, antes de que Inés Manzano fuera designada ministra de Estado el 9 de octubre de 2024”, puntualizó el jurista.
A la vez, el abogado detectó un problema en este proceso. Quintana refiere que los proponentes están trayendo a discusión política un asunto técnico sobre contratación pública, que es de control gubernamental, o sea, de la Contraloría General del Estado, pues explica que se habla de órdenes de pago, de asignaciones presupuestarias, de los administradores del contrato.
“Ese es el problema cuando se politiza un asunto que debiera discutirse desde el plano técnico. Como la discusión acá pasó de lo político a lo técnico, al menos en lo que tiene que ver con nuestras intervenciones, me parece que hemos logrado el objetivo de aterrizar la discusión a lo jurídico, y esperaríamos que el informe de la Comisión sea un informe que también vaya en esa sintonía”, sostuvo.
En todo caso, precisó Quintana, es la Comisión de Fiscalización la que tendrá que elaborar un informe sobre la base de todas las pruebas presentadas en el trámite de sustanciación.
El proceso de juicio político en contra de la exministra Inés Manzano avanza en la mesa legislativa, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN) con la presentación de la prueba documental y testimonial anunciada por los proponentes Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna. Tras finalizar la práctica de la prueba de cargo y descargo, los integrantes de la Comisión de Fiscalización deberán elaborar un informe borrador que será sometido a votación y que, posteriormente, pasará al pleno de la Asamblea Nacional. (enin Barreto y Blasco Luna. Tras finalizar la práctica de la prueba de cargo y descargo, los integrantes de la Comisión de Fiscalización deberán elaborar un informe borrador que será sometido a votación y que, posteriormente, pasará al pleno de la Asamblea Nacional.
Fuente: El Universo
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