Durante la presente semana, Diego Spagnuolo marcó un hito negativo al convertirse en el primer funcionario bajo la administración de Javier Milei en ser procesado por cargos de corrupción. No obstante, la resolución judicial presenta una particularidad notable: para avanzar en el caso, la Justicia ha optado por desestimar momentáneamente los audios que inicialmente sacaron a la luz el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Esta situación se ha transformado en una verdadera paradoja jurídica. Las grabaciones, que en un principio funcionaron como el motor que llevó al exdirector del organismo ante los tribunales, se han convertido ahora en su principal herramienta defensiva. La defensa de Spagnuolo busca utilizar estos archivos para lograr que la causa sea anulada antes de que pueda llegar a la etapa de juicio oral.
El conflicto en torno a la legitimidad de dicho material sonoro ha persistido desde el inicio de las investigaciones. Hasta la fecha, tanto el magistrado federal Sebastián Casanello como el fiscal Franco Picardi han intentado prescindir de los archivos difundidos por el canal de streaming Carnaval. El temor principal radica en la posibilidad de que se trate de escuchas clandestinas, adulteradas o totalmente falsas, lo cual podría contaminar y poner en riesgo la integridad de todo el proceso investigativo.
Sin embargo, el panorama judicial ha dado un giro con el cambio de mando en la causa. Recientemente, el juez Ariel Lijo fue designado mediante sorteo para subrogar el Juzgado Federal N° 11, una vacante que permanecía tras el deceso de Claudio Bonadio. La gran incógnita ahora es si Lijo continuará con la línea trazada por su predecesor respecto al tratamiento de las grabaciones.
En una de sus últimas intervenciones antes de apartarse del caso, el juez Casanello dejó clara su postura mediante una resolución oficial:
“El devenir de este expediente en ningún momento se sustentó en el contenido de aquellos audios”
. Esta afirmación refuerza el argumento del Juzgado y la Fiscalía de que existen pruebas independientes que, de hecho, son cronológicamente anteriores a la difusión de las grabaciones.
Basándose en dicha premisa, el magistrado rechazó un pedido de nulidad interpuesto por Spagnuolo y la familia Kovalivker, quienes son los propietarios de la firma droguería Suizo Argentina. El reclamo de los imputados se centraba precisamente en el supuesto origen ilícito de los archivos de audio.
A pesar de esta negativa inicial, Casanello tuvo que responder a una directriz de la Sala II de la Cámara Federal porteña. A comienzos de diciembre, los jueces de alzada Martín Irurzun y Roberto Boico instruyeron que era imperativo “establecer origen y veracidad” de todo el material sonoro involucrado.
La defensa esperaba la realización de peritajes informáticos y acústicos profundos, pero estas diligencias no se concretaron bajo la tutela de Casanello. En su fallo del 9 de febrero, el juez argumentó que la investigación sobre la procedencia de los audios ya está siendo tramitada en un expediente paralelo. Esta otra causa está a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La línea investigativa que lidera Stornelli busca desarticular lo que denomina una “organización criminal” dedicada a actividades prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520). Se investiga la captación ilegal de conversaciones privadas donde se escuchan voces atribuidas a Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Hasta el momento, y tras la feria judicial de enero, no se han formalizado imputaciones en esta rama del caso.
La presión de la Cámara Federal
Poco después de que Casanello se respaldara en la investigación de Stornelli, la Cámara Federal de Apelaciones volvió a intervenir. Los magistrados Irurzun y Boico enfatizaron que su orden previa no había sido acatada. “No se cumplió con ello”, señalaron de forma contundente en relación a la verificación de la autenticidad de los audios.
Este nuevo pronunciamiento ha revitalizado la estrategia de las defensas. Al exigir que se aclare la legitimidad del material antes de seguir avanzando, la Cámara ha abierto una puerta para que los procesamientos sean revisados. Los abogados defensores confían ahora en que los fallos actuales sean revocados por considerarse prematuros.
Un abogado vinculado a la defensa de los acusados, consultado por medios locales, expresó su optimismo: “La Cámara deberá reiterar que primero es necesario saber si los audios son falsos y luego explicar cómo se investigó sin que estos influyeran”. Según su visión, los procesamientos actuales carecen de la base sólida necesaria ante la duda sobre la prueba inicial.
Los recursos legales pertinentes fueron ingresados al Juzgado Federal N° 11 entre el jueves y el viernes de la última semana. Ahora, el juez Lijo será el encargado de elevarlos a la Sala II para su resolución definitiva.
Desafíos técnicos y futuro procesal
Un punto crítico en la defensa de Diego Spagnuolo y la Suizo Argentina es un informe técnico presentado por el abogado Mauricio D’Alessandro. Dicho reporte indica que existe un 65% de probabilidades de que la voz del exfuncionario de ANDIS haya sido manipulada mediante inteligencia artificial.
Originalmente, Casanello había descartado este planteo de nulidad sin profundizar en el fondo del asunto (rechazo in límine). No obstante, la Cámara Federal revocó esa decisión el pasado martes, obligando al nuevo juez subrogante, Ariel Lijo, a dar trámite y sustanciar el planteo.
En el corto plazo, se espera que Lijo solicite la opinión de todas las partes involucradas antes de tomar una determinación. A pesar de las evidencias acumuladas por el fiscal Picardi durante los últimos seis meses, los imputados mantienen la esperanza de que el juzgado ordene finalmente los peritajes solicitados.
Expertos legales con larga trayectoria en Comodoro Py sugieren que estas pericias técnicas podrían extender el proceso significativamente. “Un estudio de esta naturaleza puede demorar entre uno o dos años”, señalaron, lo que representaría un alivio temporal para los procesados mientras se define la validez de la prueba reina que originó el escándalo.
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