La jornada para designar al nuevo rector de la Universidad de San Carlos (Usac), la única institución de educación superior estatal en Guatemala, se sumergió en el caos este miércoles. El evento, desarrollado en un hotel de Antigua Guatemala, se vio empañado por ataques con gases lacrimógenos dirigidos contra al menos dos diputados oficialistas, perpetrados por individuos cuya identidad no ha sido establecida.
Este proceso electoral trasciende el ámbito académico y adquiere una relevancia nacional crítica. La importancia radica en que la Usac posee la facultad de integrar, para el año 2026, las comisiones de postulación encargadas de la renovación de la Fiscalía General y las cortes más altas del país. Por esta razón, cualquier cuestionamiento sobre la legitimidad del rector electo repercute de forma directa en la estructura institucional y jurídica guatemalteca.
Durante el desarrollo de los comicios, diversos sectores de la oposición manifestaron su rechazo al denunciar que únicamente se permitió la acreditación de ocho de los 34 cuerpos electorales habilitados para votar. Según observaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de esos ocho grupos participantes, seis guardan afinidad con el oficialismo. Por el contrario, un total de 21 sectores opositores fueron marginados del proceso bajo lo que calificaron como “meros pretextos”, una acción que, según el organismo regional, atenta contra la pluralidad necesaria en este tipo de elecciones.
Antecedentes de violencia y reelección cuestionada
La tensión ya se había incrementado desde el martes pasado, cuando se registró un violento enfrentamiento en el campus central de la Usac. En dicho incidente, un grupo de individuos encapuchados se confrontó con aproximadamente 50 estudiantes. Informes recabados señalan que estos grupos de choque estarían vinculados a Walter Mazariegos, el actual rector que asumió el cargo en 2022 bajo señalamientos de irregularidades y que ahora busca mantenerse en el poder para el periodo 2026-2030.
La situación de inseguridad alcanzó su punto máximo en los accesos al recinto hotelero. El parlamentario David Illescas denunció agresiones directas durante el ingreso:
“Al entrar hubo agentes de Mazariegos que detonaron armas de fuego. Un agente se subió a la terraza con una 9 mm y nos apuntó. A mí me pegaron con un palo”
. Ante estos hechos, tanto Illescas como su colega Samuel Pérez demandaron la acción inmediata del Ministerio de Gobernación, describiendo el lugar como un sitio donde se cometían delitos en flagrancia.
En medio de los disturbios, las diputadas Andrea Reyes y Laura Marroquín lograron ingresar a las instalaciones acompañadas por una jueza de paz. Su objetivo era ejecutar un recurso de exhibición personal, lo cual derivó en forcejeos y la intervención de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, quienes debieron derribar la puerta de entrada para tomar control del lugar.
La postura de los organismos internacionales
Respecto a la transparencia del evento, la OEA emitió una advertencia contundente, instando a las autoridades del Estado a no permitir que se consume un proceso que calificaron de “viciado”. El organismo subrayó que el respeto a la autonomía universitaria
“no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas”
. Asimismo, hicieron un llamado a las cortes de justicia para que resuelvan los amparos que siguen pendientes o, de ser necesario, reprogramar las elecciones para evitar la nulidad del origen del proceso.
Es fundamental recordar que la Universidad de San Carlos ejerce una influencia determinante en la vida democrática de Guatemala. Su participación en las comisiones de postulación le permite incidir en el nombramiento de funcionarios en organismos de alto nivel, tales como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas, entidades que han pasado por procesos de renovación durante el presente año.
Las voces de rechazo también provinieron de sectores religiosos. El obispo de la Iglesia Episcopal, Ramón Ovalle, fue tajante al describir la situación como un intento de fraude electoral. A través de un comunicado oficial, el prelado afirmó que “resulta evidente que los poderes oscuros que han copado la única universidad estatal del país buscan llevar adelante un proceso irregular”, sumándose a las voces que califican la elección de ilegal e ilegítima.
Impacto en la institucionalidad nacional
La crisis que atraviesa la Usac no se limita a sus aulas, sino que pone en riesgo la transparencia en la futura designación de autoridades clave, incluyendo la jefatura de la Fiscalía General. El clima de hostilidad y la exclusión sistemática de las voces críticas han puesto el foco de la comunidad política internacional sobre el resultado de esta contienda.
En última instancia, la validez de estos resultados será el factor que determine cómo se conformarán los entes encargados de mantener el equilibrio democrático en Guatemala durante los próximos ciclos gubernamentales, en un entorno donde la legitimidad ha sido severamente cuestionada por la comunidad nacional y extranjera.
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