La ruptura del millonario contrato para construir el Proyecto Fortaleza en Bogotá ha provocado una seria advertencia por parte de la Canadian Commercial Corporation (CCC) al Ministerio de Defensa de Colombia.
De acuerdo con documentos divulgados por Cambio, la agencia estatal canadiense evalúa una demanda internacional luego de que se cancelara de forma unilateral el acuerdo, valorado en más de 1,59 billones de pesos. La CCC reclama indemnizaciones que ascenderían a decenas de millones de dólares.
El gobierno de Canadá ha notificado a Colombia que la cancelación unilateral del contrato del Proyecto Fortaleza podría acarrear graves consecuencias legales y financieras, entre ellas un litigio internacional, el pago de compensaciones millonarias y la dificultad para recuperar los anticipos enviados a cuentas canadienses, según Cambio.
El Ministerio de Defensa, bajo la dirección del general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, anunció la terminación del contrato el 22 de febrero. Esta decisión llevó a la CCC a advertir sobre la posibilidad de recurrir a mecanismos de resolución de controversias internacionales si Colombia no accedía a los pagos exigidos.
La agencia atribuye la ruptura a desacuerdos presupuestales, intentos fallidos de renegociar condiciones y modificaciones contractuales que no lograron consenso.
Origen y relevancia del contrato para el Proyecto Fortaleza
El acuerdo entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la CCC fue firmado en agosto de 2022 por un monto de 1,59 billones de pesos. Su objetivo era construir un complejo de 241.000 metros cuadrados en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, descrito como el principal proyecto de defensa nacional en 50 años.
La administración del expresidente Iván Duque impulsó el desarrollo bajo la modalidad de contrato gobierno a gobierno. Al inicio del gobierno de Gustavo Petro, el entonces ministro Iván Velásquez anunció el Proyecto Fortaleza como el mayor avance en infraestructura militar, con entrega prometida para el año electoral en curso.
Sin embargo, tras cuatro años sin avances estructurales, el vínculo contractual se rompió, dejando en suspenso la finalización de las obras y el destino de los fondos transferidos.
Razones de la cancelación y conflicto presupuestal
El conflicto central surgió cuando el Ministerio propuso reducir el valor del contrato de 1,59 billones a 1,49 billones de pesos. La CCC aceptó solo una disminución parcial de 59.017 millones. La contrapropuesta del Ministerio fue rechazada, lo que generó un estancamiento en las negociaciones durante 2024.
Además, el Ministerio objetó la modalidad contractual e intentó transformar el acuerdo original en un contrato de construcción que imponía nuevos seguros y responsabilidades a la CCC. La entidad colombiana también se negó a asumir impuestos previamente acordados y exigió la devolución del anticipo, equivalente a 660.912 millones de pesos consignados en una fiducia.
Según Cambio, la agencia canadiense ya había recibido un giro de 195 mil millones de pesos, cuyo reintegro fue solicitado por el Ministerio al concluir el contrato.
Riesgo de demanda internacional y reclamo de indemnizaciones
Ante la falta de acuerdo, el director de negocios de la CCC, Antoni Rizk, exigió mediante carta formal a Colombia el pago de perjuicios y costos pendientes, advirtiendo sobre una demanda por decenas de millones de dólares.
“El MDN está obligado a indemnizar todos los perjuicios causados a la CCC y al Proveedor Principal”, expresó Rizk en una comunicación citada por Cambio.
La agencia canadiense reclamó 8.230 millones de pesos adicionales —destinados a la CCC, a la empresa aliada Jvdi y a conceptos tributarios— y ofreció firmar un acuerdo de terminación para evitar el litigio.
Sin embargo, el Ministerio rechazó la propuesta, defendiendo la legalidad de la ruptura mediante la Resolución 2163 de 2026 y solicitando el reintegro inmediato de los saldos no ejecutados al Tesoro Nacional.
La CCC calificó la decisión como un acto ilícito, alegando la vulneración del Tratado de Libre Comercio con Canadá y de principios internacionales como la reciprocidad y la buena fe.
“El MDN está desconociendo las obligaciones internacionales de Colombia”, señaló el representante, responsabilizando al exsecretario general Hugo Alejandro Mora, involucrado en el caso de los helicópteros MI-17, por obstaculizar la negociación y el cumplimiento de los acuerdos.
Por su parte, el teniente coronel Ricardo Castro Vargas, supervisor del contrato, indicó a Cambio que la CCC manifestó su disposición a devolver los recursos recibidos, en concordancia con la obligación de mitigar eventuales perjuicios.
La disputa se desarrolla en un contexto de creciente escepticismo hacia la contratación pública en defensa. A finales del año anterior, la Fiscalía vinculó a funcionarios del Ministerio en una investigación por corrupción relacionada con el fallido contrato de los helicópteros MI-17, que también involucró montos millonarios y desacuerdos con proveedores internacionales.
Fuente: Infobae