La operación de radares de control de velocidad vuelve al debate público. La Coalición por la Movilidad Segura Ecuador inició una campaña nacional de recolección de firmas para pedir que estos dispositivos operen nuevamente bajo parámetros técnicos claros y supervisión pública.
La iniciativa, denominada “Radares Salvavidas”, comenzó el jueves 12 de febrero y continuará hasta reunir un respaldo amplio. Las organizaciones impulsoras aspiran a alcanzar 5.000 firmas para presentar el pedido ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), así como a los gobiernos locales.
Paola Carvajal, directora de la Fundación Ciudadana de Movilidad y Seguridad Vial (Movidana), explicó que el planteamiento apunta a reducir muertes y lesiones graves en las vías. “No buscamos sancionar por sancionar. El control de velocidad salva vidas cuando se aplica con transparencia y enfoque en seguridad”, señaló.
“Si logramos controlar la velocidad, podemos reducir de manera inmediata una parte importante de los fallecimientos”, afirmó Carvajal.
Uno de los puntos centrales del planteamiento es la defensa del uso de tecnología bajo parámetros técnicos.
Esmeralda Valarezo, politóloga y parte del colectivo, afirmó que el debate no debe centrarse únicamente en cuestionamientos pasados. “Eliminar la herramienta no elimina la corrupción. Si ya sabemos que la velocidad es un factor determinante entre la vida y la muerte en un siniestro, ¿por qué no utilizar una tecnología que internacionalmente ha demostrado servir para control preventivo?”, cuestionó.
La campaña tiene un componente generacional. Michelle Gaibor, politóloga y parte de la campaña, indicó que los siniestros de tránsito figuran entre las principales causas de muerte en personas de entre 5 y 29 años. “Cada cifra representa a un hijo, una madre, un esposo que no regresa a casa. Es un tema que nos atraviesa directamente como jóvenes”, expresó.
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Las voceras insistieron en que el pedido no implica colocar dispositivos ocultos ni generar sanciones sin información previa.
Pamela Naranjo, ingeniera en transporte y logística, recordó que la normativa vigente establece condiciones específicas para la instalación de radares. “Tienen que estar señalizados, visibles y homologados. No pueden ubicarse en curvas ni en pendientes. El objetivo es modificar conductas, no sorprender a nadie”, explicó.
Uno de los puntos que genera mayor discusión es el destino de los recursos recaudados por multas. Sobre este aspecto, Gaibor señaló que la coalición propone que esos fondos se reinviertan en seguridad vial. “La ciudadanía cuestiona la recaudación. Por eso planteamos que lo que se cobre a quienes incumplen la norma se destine a infraestructura más segura para peatones y ciclistas”, indicó.
Las organizaciones reconocieron que el tema ha generado resistencia en algunos sectores. “Siempre habrá oposición al control, pero respetar los límites evita sanciones y reduce riesgos”, sostuvo Carvajal.
En caso de que la reactivación de radares no avance, el colectivo anticipó que insistirá en medidas relacionadas con infraestructura vial, como reductores físicos de velocidad y rediseño de calles para disminuir riesgos.
Mientras continúa la recolección de firmas, la coalición sostuvo que el control técnico de la velocidad es una herramienta para prevenir pérdidas humanas. “Eliminar la herramienta no elimina el problema. Gestionarla bien puede evitar tragedias”, concluyó Carvajal.
Fuente: El Universo
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