Como algo inédito calificaron expresidentes del organismo electoral la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cambiar y adelantar la fecha para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Social (CPCCS).
Con los votos de los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, Esthela Acero y José Cabrera, la tarde del viernes, 27 de marzo de 2026, el pleno del CNE modificó el calendario electoral y adelantó los comicios para el 29 de noviembre, que estaban fijados originalmente para el 14 de febrero de 2027.
Los funcionarios adoptaron esta decisión con base en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre pronósticos climatológicos para enero, febrero y marzo de 2027 en el marco de un posible fenómeno de El Niño.
Carlos Aguinaga y Medardo Oleas, expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ahora se denomina CNE, así como el analista político y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Mauricio Alarcón, expresaron su sorpresa ante la resolución del organismo de adelantar los comicios.
Si bien en el pasado hubo elecciones anticipadas derivadas de conmociones políticas, nunca antes el órgano electoral ecuatoriano había modificado una fecha ya fijada para acudir a las urnas.
En febrero de 1997, Abdalá Bucaram fue destituido de la Presidencia de la República por el Congreso Nacional alegando incapacidad mental; y en mayo de ese mismo año, los ecuatorianos acudieron a las urnas a una consulta popular convocada por Fabián Alarcón, presidente interino, para ratificarse en el cargo y convocar a una asamblea constituyente.
Al ser una ocasión sui géneris generada por una ruptura del orden constitucional, las elecciones presidenciales se desarrollaron en 1998 cuando debían ser en el 2000.
En las elecciones generales de 2006, Rafael Correa ganó en segunda vuelta y meses después, en 2007, llamó a una consulta popular para la instalación de la Asamblea Constituyente de plenos poderes que redactó una nueva constitución en cuyo régimen de transición se dispuso ir a nuevas elecciones presidenciales en 2009, aunque en el cronograma normal debían ser en el 2010.
En esa ocasión, Correa fue ratificado en el poder para un periodo que se extendió hasta el 2013.
Otro evento no programado que derivó en elecciones anticipadas fue la muerte cruzada que decretó el expresidente Guillermo Lasso en mayo del 2023, disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a nuevos comicios presidenciales, en los que resultó electo Daniel Noboa de manera transitoria para completar el periodo por el cual fue electo Lasso. En 2025, en los comicios presidenciales ordinarios, Noboa fue ratificado como jefe de Estado hasta 2029.
Mauricio Alarcón sostiene que nunca se ha modificado la fecha de unas elecciones y que los casos anteriormente mencionados fueron eventos extraordinarios.
“No se trata de elecciones ordinarias, como las generales o las seccionales; por lo tanto, no es un tema comparable. Es la primera vez que ocurre algo así. Lo importante en este caso es diferenciar entre las elecciones ordinarias y las extraordinarias. Deben respetar ciertos plazos, es cierto; pero, si analizamos lo que ha sucedido históricamente con las elecciones generales (nacionales o seccionales), esta situación es inédita”, resalta.
Para Medardo Oleas, las razones de la decisión del CNE de este 27 de marzo de 2026 son extrañas e incomprendidas, pues la ley es clara: las elecciones se realizan cada cuatro años.
“El organismo no puede basarse en un hecho futuro e incierto, que puede o no suceder, para modificar el calendario electoral”, dice el experto sobre el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
La exautoridad resalta que no existen antecedentes de una situación similar, pues ni siquiera durante la pandemia, recuerda, se adoptó una medida de este tipo.
“La ley solo contempla una excepción: cuando ocurre un problema grave el mismo día de la elección y esta debe postergarse. Pero que la ley faculte al CNE para modificar la fecha con seis meses de anticipación no existe”, agrega.
Además, la exautoridad electoral contextualiza que la modificación del calendario electoral se suma a otras medidas, como la suspensión temporal de la Revolución Ciudadana y el inicio del proceso de cancelación de dos organizaciones políticas, Construye y Unidad Popular.
“Las consecuencias de este adelanto son graves. Por ejemplo, el alcalde electo pondrá la mira en quien termina funciones y, como ha ocurrido históricamente, intentará paralizar la gestión administrativa argumentando que el saliente no puede firmar contratos ni realizar labores de urgencia, incluso ante el propio fenómeno de El Niño. Tendremos a una autoridad electa cuestionando y obstaculizando la gestión final de quien aún está en el cargo durante seis meses”, considera Oleas y enfatiza que la resolución del CNE marca un precedente peligroso.
De su lado, Carlos Aguinaga recalca que las elecciones siempre se han realizado cada cuatro años, por lo que observa como algo llamativo que el CNE adopte esta decisión justo ahora.
Respecto al informe de la Secretaría de Riesgos sobre el fenómeno de El Niño, Aguinaga no considera que sea una justificación legítima.
“En el país se han realizado elecciones con o sin invierno, y con o sin fenómeno de El Niño; simplemente se movían los recintos y el proceso continuaba. Aunque la autoridad tiene la facultad legal y podría ser comprensible ajustar una semana por fechas como el 14 de febrero, estos ‘juegos’ con el calendario son responsabilidad de quien aprueba la norma y de la autoridad que los ejecuta”, aclara.
Pero el experto traslada la responsabilidad de este tipo de decisiones a reformas que se hicieron años antes al Código de la Democracia, ya que recuerda que este tipo de cambios otorgó discrecionalidad al órgano electoral para realizar este tipo de modificaciones en las fechas.
La exautoridad electoral dice que, si bien el mismo CNE ha modificado fechas de democracia interna o alianzas, nunca ha cambiado la fecha de las elecciones generales o seccionales. “Es algo que no se ha hecho antes; es la primera vez”, añade, y recalca que estos cambios no brindan seguridad jurídica ni certeza al proceso electoral. (I)
Fuente: El Universo