La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días. El documento, firmado por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, instruye a la Policía capturar a Morales y trasladarlo a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. Las denuncias fueron presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
La investigación contra el exmandatario abarca seis delitos:
- Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado
- Terrorismo
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte
- Asociación delictuosa
- Instigación pública a delinquir
- Atentado contra la seguridad de los servicios públicos
Las acusaciones surgieron tras la denuncia penal formalizada el 1 de julio por el Comité pro Santa Cruz, representado por Stello Cochamanidis Garcés, que señaló a Morales como principal impulsor de las protestas y bloqueos ocurridos entre mayo y junio.
Durante esas siete semanas, campesinos, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales instalaron más de 100 puntos de bloqueo en regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Las protestas exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, considerada por los sectores movilizados como la única salida al conflicto. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal alcanzó niveles críticos en varias ciudades.
Las interrupciones en el tránsito y los cortes de vías causaron la muerte de al menos 22 personas y dejaron un saldo de 88 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo y reportes de organizaciones cívicas y sociales.
El impacto económico fue devastador. Las pérdidas superaron los USD 3.000 millones, y sectores como el productivo, especialmente en Santa Cruz, sufrieron graves afectaciones. Las mercancías no lograban salir de las zonas de producción ni ser trasladadas hacia otros departamentos, lo que agravó la crisis de abastecimiento en el país. Los enfrentamientos y la tensión social marcaron el clima durante los 53 días de conflicto.
Junto a Morales, la orden de aprehensión alcanzó al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar. Este último permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 6 de julio, señalado como uno de los principales organizadores de los bloqueos en el occidente boliviano.
El mandato de detención se emitió con base en los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal boliviano.
Morales negó haber promovido la renuncia de Paz y atribuyó las movilizaciones a la presión social por demandas insatisfechas. El 24 de mayo, publicó en redes sociales que el mandatario enfrentaba “dos caminos”: militarizar el país o convocar a elecciones en los siguientes 90 días.
Finalmente, tras acuerdos con sectores como la COB y ante la persistencia de los bloqueos, el presidente Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio y ordenó el despliegue de la Policía y el Ejército para restablecer la circulación en las carreteras.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, resguardado por seguidores desde octubre de 2024. Además de la causa por bloqueos, enfrenta otra investigación por trata agravada de personas, relacionada con una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato. En mayo, un tribunal de la región de Tarija lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura ante su ausencia en la apertura del juicio correspondiente. La Policía sostiene que evalúa el momento adecuado para ejecutar esa orden pendiente.
Fuente: Infobae