El gobierno de facto en Birmania, liderado por la cúpula militar desde el golpe de Estado ocurrido en febrero de 2021, comunicó este martes una medida de amnistía que beneficia a más de 7.000 prisioneros. Los beneficiarios habían sido sentenciados bajo la actual Ley de Terrorismo, una normativa que diversos sectores de la oposición denuncian como una herramienta para silenciar la disidencia política en la nación del sudeste asiático.
Mediante un comunicado oficial, las autoridades militares puntualizaron que los reos recibirán el perdón bajo el compromiso estricto de no reincidir en las conductas delictivas por las que fueron procesados. En total, se contabilizan 7.337 personas que podrán abandonar los centros penitenciarios tras acogerse a este beneficio.
En el supuesto de que los beneficiarios vuelvan a cometer infracciones legales, se les exigirá el cumplimiento íntegro de las sentencias originales que les fueron impuestas antes de su liberación parcial, advirtió la junta.
Adicionalmente, el régimen militar informó que 12.487 ciudadanos que enfrentaban procesos judiciales por cargos similares han sido completamente exonerados de sus imputaciones. No obstante, el reporte oficial no especificó si entre este grupo se encuentran ciudadanos de otras nacionalidades.
Contexto de la represión en Birmania
Desde que el estamento militar asumió el control del país hace ya más de cinco años, miles de individuos han sido objeto de detenciones y encarcelamientos. Gran parte de los seguidores de la exlíder Aung San Suu Kyi han sido catalogados como «terroristas» por el actual gobierno, enfrentando condenas extensas en prisión.
Según los registros de la Asociación de Asistencia para los Presos Políticos (AAPP), la situación de los derechos humanos es crítica y se detalla en las siguientes cifras:
- Al menos 30.538 personas han sido arrestadas por motivos políticos desde la asonada.
- De esa cifra total, 22.818 aún permanecen tras las rejas.
- Se estima que 7.483 civiles han perdido la vida debido a las acciones represivas de la junta militar.
El quiebre democrático de 2021 fue ejecutado por el Ejército con el fin de desconocer los resultados de los comicios generales de noviembre de 2020. En dicho proceso electoral, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), encabezada por Suu Kyi, obtuvo una amplia mayoría parlamentaria. Los militares alegaron un supuesto fraude electoral, una premisa que fue ampliamente cuestionada por observadores internacionales.
Tras el golpe de Estado, el país se sumergió en una campaña de represión contra manifestantes, activistas y figuras de la oposición. Esto ha derivado en un incremento de la violencia armada entre las fuerzas estatales y diversos grupos rebeldes en zonas estratégicas, particularmente en el noreste, cerca de la frontera con China, y en el estado de Rajine, ubicado al oeste del territorio birmano.
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