El actual mandatario de Perú, José María Balcázar, ha rechazado de manera categórica que su administración se encuentre analizando la posibilidad de conceder beneficios judiciales o indultos a individuos que enfrentan procesos legales o que ya cuentan con sentencias firmes. Esta aclaración surge en medio de las especulaciones sobre la situación jurídica del exgobernante Pedro Castillo.
A través de un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República del Perú, se enfatizó la postura institucional del gobierno:
«Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la Republica del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada»
Desde el Palacio de Gobierno se indicó que esta precisión tiene como objetivo fundamental «evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido al prestar juramento como presidente de la República ante el Congreso».
Prioridades del Gobierno de Balcázar
El jefe de Estado subrayó que su gestión mantiene una hoja de ruta clara y limitada a objetivos específicos para el bienestar de la nación peruana. Según el comunicado, el trabajo de Balcázar estará centrado exclusivamente en los siguientes puntos:
- Garantizar la seguridad nacional.
- Asegurar la ejecución de elecciones libres, limpias y transparentes.
- Mantener la estabilidad económica del país.
«¡Nada mas!», sentenció el documento oficial respecto a los alcances y límites de su mandato actual.
Por su parte, el exmandatario Pedro Castillo —quien cumple una sentencia de once años de cárcel por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado ocurrido en 2022— había formalizado una solicitud de indulto presidencial el pasado 19 de febrero. En dicha petición, la defensa de Castillo argumentó que la condena aún no es definitiva y apeló tanto al «principio de humanidad» como a una supuesta «palabra empeñada» por el propio presidente Balcázar.
No obstante, el propio José María Balcázar ofreció declaraciones adicionales a los medios de comunicación para reafirmar su distancia con el caso. Respecto a la situación jurídica de su predecesor, manifestó lo siguiente:
«El expresidente tiene un proceso penal. Que siga su curso correspondiente. Nosotros estaremos atentos para que se cumplan los plazos»
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