En una jornada marcada por la expectativa en el sector energético, el presidente José María Balcázar mantuvo un diálogo estratégico con los dirigentes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe). El eje central de este encuentro fue la revisión detallada de la posible derogación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, normativa que actualmente rige la reestructuración del patrimonio de Petroperú en un escenario de volatilidad en los mercados internacionales de energía.
Durante la cita oficial, el jefe de Estado subrayó que el estado actual de la compañía petrolera pública se encuentra bajo un riguroso proceso de examen técnico. Balcázar anticipó que el Ejecutivo comunicará una determinación final en las jornadas venideras. Paralelamente, el Gobierno aprovechó el espacio para recalcar que no ha descuidado otros temas críticos de la agenda nacional, tales como la lucha contra la inseguridad ciudadana y la resolución de las exigencias del gremio de transportistas.
Análisis del futuro institucional de Petroperú
Voceros de la Presidencia comunicaron que la viabilidad del decreto está siendo reconsiderada con cautela. Según indicaron fuentes oficiales,
“la situación de la empresa estatal viene siendo objeto de análisis y que, en los próximos días, se adoptará una decisión al respecto”
. Esta etapa de evaluación pone en duda la continuidad de la reforma profunda planteada originalmente para enfrentar la crisis energética que afecta al globo.
Es importante recordar que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 se promulgó con la intención de aplicar mecanismos excepcionales financieros y económicos. Dicha ley busca asegurar que la cadena de producción y la distribución de hidrocarburos no se interrumpan, permitiendo que Petroperú sea dividida en bloques patrimoniales independientes que podrían ser administrados por terceros o transferidos a entidades especializadas.
Diagnóstico crítico de la situación financiera
Los argumentos técnicos que sostienen la normativa se basan en la delicada salud financiera de la empresa estatal. Los registros indican que Petroperú ha encadenado pérdidas operativas desde el año 2022, sumado a un flujo de caja en rojo y una dependencia acentuada del financiamiento externo. Hacia el mes de octubre de 2025, la compañía reportó un capital de trabajo negativo, reflejando serias trabas para honrar sus deudas de corto plazo.
El panorama se agrava con el recorte drástico de sus líneas de crédito, las cuales cayeron de USD 2.599 millones a apenas USD 402 millones entre los meses de enero y noviembre de 2025. A esto se añade la degradación de su perfil crediticio ejecutada por la agencia S&P Global Ratings y los desafíos operativos presentes en la Refinería de Talara, factores que han debilitado la solidez de la petrolera.
Alcance de la reestructuración patrimonial
El decreto cuestionado estipula que la reorganización abarca desde activos físicos hasta intangibles, incluyendo permisos, contratos y la infraestructura de la Nueva Refinería de Talara. En este proceso, se designó a ProInversión como la entidad encargada de diseñar y ejecutar la hoja de ruta, con facultades para elegir modelos de inversión privada y seleccionar a los operadores que gestionarán los fideicomisos.
Asimismo, la ley establece un orden de prelación para el uso de los fondos generados por estos bloques patrimoniales, priorizando la liquidación de deudas críticas para sostener la operatividad de la firma estatal.
Riesgos en el suministro de combustibles
El Gobierno ha advertido que la inestabilidad de Petroperú representa una amenaza directa para el abastecimiento energético, particularmente en regiones de difícil acceso como Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En estas zonas, la petrolera estatal concentra más del 85% del mercado, ante la escasa presencia de competidores privados.
Por lo tanto, las medidas contempladas en el decreto intentan prevenir un desabastecimiento que paralizaría servicios fundamentales como el transporte público, la generación de energía eléctrica y diversas actividades comerciales en la Amazonía y el sur del país.
Compromisos gubernamentales en seguridad
En el transcurso de la reunión con Fedunpe, se abordaron otros pilares de la gestión pública. El Ejecutivo aprovechó para resaltar su plan contra la delincuencia organizada. En el pronunciamiento oficial se detalló que el Gobierno
“reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra la criminalidad, anunciando la adquisición de equipos especiales para la Policía Nacional y la atención de las demandas formuladas por el sector transportista”
.
Finalmente, se enfatizó que las autoridades están
“articulando acciones concretas para frenar la delincuencia y garantizar la seguridad en las carreteras del país”
, atendiendo de esta forma a las solicitudes urgentes de los gremios productivos a nivel nacional.
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