La defensa técnica de la familia de la activista Monika Silva solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado que el ministro del Interior, John Reimberg, comparezca para rendir su versión dentro de la investigación por la muerte de la ciudadana en la provincia de Santa Elena.
El pedido busca que el funcionario explique el origen y sustento de sus declaraciones públicas, emitidas un día después del hallazgo del cuerpo, en las que aseguró que se trataba de un suicidio.
Cuestionamientos a la versión oficial
Los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) cuestionan la base de dicha afirmación gubernamental, dado que la autopsia médico-legista determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por constricción del cuello, lo que descarta la hipótesis del suicidio.
La defensa exige conocer qué informes técnicos o testimonios recibió el ministro para difundir una versión que hoy se contradice con los hallazgos forenses y que llevó a la Fiscalía a investigar el caso como un presunto femicidio.
Además de la comparecencia de Reimberg, el equipo legal solicitó profundizar en el trabajo de denuncia ciudadana y veeduría que realizaba Silva en Santa Elena. La activista investigaba hechos de corrupción y, según su defensa, habría recibido amenazas antes de su muerte, por lo que piden que la Fiscalía incorpore:
- Testimonios de su entorno cercano y de personas mencionadas en sus investigaciones.
- Material digital y audiovisual: videos, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales producidas por Silva.
- Análisis de la hipótesis de un femicidio político relacionado con su rol como defensora de derechos humanos y activista anticorrupción.
El caso continúa bajo el escrutinio de organizaciones civiles que demandan una investigación con enfoque de género y rigor técnico, agotando todas las instancias para establecer las responsabilidades de este crimen que conmociona al país.