La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el análisis de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) orientadas a fortalecer el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, prevenir delitos en el sector privado, y reforzar las sanciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas.
En este contexto, recibió a los asambleístas Alejandro Lara y Johnny Lavayen, quienes expusieron los alcances de sus respectivas iniciativas legislativas.
Lara señaló que su propuesta busca prevenir la corrupción en el ámbito privado y promover la integridad empresarial mediante mecanismos de cumplimiento normativo. Indicó que el proyecto fue elaborado con el aporte de la Academia y el criterio de especialistas en derecho penal.
Asimismo, destacó la importancia de contar con herramientas legales para prevenir y sancionar la criminalidad corporativa, cuya dinámica difiere de la delincuencia tradicional al operar a través de empresas y organizaciones.
El legislador recordó que, aunque la legislación ecuatoriana ya contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aún existen vacíos que impiden reconocer e incentivar las buenas prácticas de prevención de la corrupción, especialmente en ámbitos como la contratación pública. Por ello, consideró necesario definir con mayor claridad las circunstancias en las que las empresas pueden ser utilizadas para la comisión de delitos.
Lavayen se refirió a la necesidad de fortalecer la normativa relacionada con el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Explicó que las organizaciones criminales recurren cada vez con mayor frecuencia a estructuras empresariales y entidades financieras para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas, lo que exige dotar al Estado de mecanismos más eficaces para identificar a los responsables y sancionarlos de manera oportuna.
En ese sentido, enfatizó que la reforma busca corregir vacíos normativos y fortalecer el marco jurídico para investigar, juzgar y sancionar el uso de estructuras societarias con fines vinculados a la delincuencia organizada. Añadió que la propuesta incorpora un modelo claro y transparente para determinar la responsabilidad de las personas jurídicas en la comisión y financiamiento de delitos, acompañado de medidas de prevención y cumplimiento que contribuyan a proteger la actividad empresarial de prácticas ilícitas.
EG