Con 83 votos a favor de asambleístas de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización sobre los procesos de contratación pública del Municipio de Quito, a través de un acuerdo suscrito con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para la ciudad.
El Parlamento debatió este documento elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, en la sesión 102, este martes, 23 de junio de 2026.
El texto concluye que el proceso entre el Municipio de Quito y la UNOPS “no operó como un instrumento de mera cooperación técnica o acompañamiento institucional, sino como una estructura de ejecución con obligaciones definidas, costos propios, mecanismos de administración específicos y una lógica operativa que permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los trolebuses”.
La comisión determinó que la estructura adoptada produjo el desplazamiento del régimen ordinario de contratación pública, afectando garantías y principios propios del sistema nacional de contratación pública, particularmente en materia de concurrencia, transparencia, trazabilidad y control sobre el uso de recursos públicos.
Asimismo, el informe establece que la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito habría firmado el memorando de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos sin contar con la autorización previa de su Directorio, presidido por el alcalde Pabel Muñoz, contraviniendo el artículo 6, literal e del Reglamento Interno del Directorio.
Esto, precisa el texto, habría comprometido más de $ 32 millones de recursos propios de la empresa metropolitana.
Con estas conclusiones, el informe aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional recomienda a la Contraloría General del Estado que valore la pertinencia de profundizar las acciones de control respecto de las actuaciones administrativas, financieras, contractuales y de supervisión vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos.
De manera particular, el documento recomienda a esta entidad que valore la posibilidad de realizar actuaciones complementarias, ampliaciones, seguimientos o cualquier otra intervención de control posterior.
El texto también se enviará a la Fiscalía General del Estado para que, de considerarlo pertinente, valore la información para las actuaciones que se encuentren en curso relacionadas con la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.
Actualmente, Pabel Muñoz es investigado por este caso. El alcalde ha defendido la legalidad del contrato y sostiene que la licitación se desarrolló bajo protocolos internacionales que permiten una negociación directa entre el Municipio y la oficina de Naciones Unidas.
En tanto, el informe recomienda al Concejo Metropolitano de Quito fiscalizar el proceso de adquisición de los trolebuses, con énfasis en el mecanismo utilizado. También pidió que comparezcan el alcalde, el gerente de la Empresa de Pasajeros y otros funcionarios involucrados para explicar las decisiones adoptadas.
A su vez, el Legislativo recomendó a la Cancillería que, por los canales diplomáticos e institucionales que correspondan, ponga en conocimiento de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas, para que se valore dentro del ámbito de las competencias del sistema de supervisión interna de las Naciones Unidas.
Mientras que la Asamblea Nacional, el informe recomienda evaluar e impulsar las reformas legales necesarias para delimitar con mayor claridad el uso de mecanismos de contratación o adquisición articulados a través de organismos internacionales de cooperación. Esto, precisa el texto, para evitar que figuras legítimas de cooperación internacional sean utilizadas, en los hechos, para desplazar el régimen ordinario de contratación pública, debilitar la concurrencia o reducir los estándares de transparencia, trazabilidad, control y rendición de cuentas exigibles cuando se administran recursos públicos.
Los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento del que Pabel Muñoz es parte, votaron en contra, al igual que los asambleístas de Pachakutik, Mariana Yumbay y Álex Toapanta. En tanto que, los legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, Otto Vera y María José Sevilla, junto a Annie Muñoz, exRC, votaron en abstención.
Fuente: El Universo
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