En la Asamblea Nacional se realizó el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de vivienda de interés social que se tramita en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
El informe para primer debate se discutió en la sesión 114 del pleno del Parlamento, este miércoles 12 de agosto de 2026.
Lucía Pozo, presidenta de la mesa legislativa y asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), fue la proponente del informe y destacó que es una iniciativa que unifica dos iniciativas: la del asambleísta Johnny Terán (PSC) y otra que nació en su despacho y busca solventar las necesidades que tienen actualmente miles de familias ecuatorianas de acceder a una vivienda digna, y de cerrar la brecha que se ha generado en los últimos años, donde aproximadamente 700.000 familias no tienen acceso a una vivienda.
La legisladora del oficialismo destacó que las reformas plantean cuatro ejes para la construcción de viviendas de interés social y soluciones habitacionales:
*Seguridad: se propone reformar el artículo 20 para garantizar una articulación permanente entre el ente rector del hábitat y vivienda, las entidades de seguridad ciudadana y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para que los proyectos de vivienda de interés social se construyan en lugares seguros, dignos y con acceso a servicios públicos.
*Banco de suelo: la propuesta sugiere elevar a rango de ley la práctica que ya realiza el ente rector de vivienda sobre un banco de suelo. Y que los GAD mantengan actualizados los catastros y la categorización de los suelos con cualidades para ser urbanizados.
*Gestión integral del riesgo: se propone reformar el artículo 30 para que las viviendas de interés social se diseñen y ejecuten con criterios de prevención, mitigación y resiliencia frente a riesgos naturales y antrópicos.
*Simplificación de trámites: la legisladora proponente explicó que al reformar del artículo 52 se da un procedimiento especial a la construcción de viviendas de interés social con el fin de que el Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos actúen como normativa supletoria, sin quitar autonomía a los GAD.
Pozo precisó que ninguna de estas reformas vulnera las atribuciones constitucionales para los gobiernos autónomos descentralizados.
Por su parte, Patricia Núñez, legisladora de la Revolución Ciudadana (RC), observó que estas reformas no inventa un nuevo sistema para la construcción de viviendas de interés social, y dijo que el artículo 52, referente al procedimiento, ya existe.
“¿Cuál es ese procedimiento? un informe municipal, una precalificación, planes, licencia, calificación y términos similares. Lo que esta reforma plantea son solamente cambios mínimos, y precisamente por eso debemos preguntarnos ¿qué estamos haciendo?, ¿qué queremos mejorar?, porque en los últimos meses, este pleno ha seguido una ruta de incentivos para movilizar al sector inmobiliario con reformas sobre el suelo y planificación, y ahora con nuevas facilidades dentro del proceso administrativo», puntualizó Núñez.
Por su parte, Cristian Benavides, legislador independiente, destacó cuatro elementos del proyecto de reformas, como el procedimiento administrativo simplificado, es decir, explicó, “los tiempos para que la burocracia no se detenga y permita la evacuación de los proyectos de vivienda de interés social”; asimismo, reconoció que se hayan agregado criterios como el de seguridad para estos proyectos habitacionales.
En el debate también intervino Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, quien destacó aspectos positivos de la propuesta, como la participación de cooperativas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria; la disposición para que la información del Banco de Suelos sea pública; los criterios de seguridad ciudadana; y la exigencia de considerar la prevención de riesgos naturales y antrópicos.
Sin embargo, la asambleísta identificó disposiciones que, a su criterio, deben corregirse antes del segundo debate, como el artículo 4, que señala que los proyectos de vivienda social deberán considerar los mapas de amenaza, las normas de construcción y los instrumentos de planificación territorial. De ahí que Yumbay consideró que el proyecto prohíba que se construyan proyectos de vivienda social en zonas de riesgo no mitigable.
“Las familias de escasos recursos no pueden ser enviadas a quebradas, a terrenos inestables o a lugares inundables simplemente porque allí el suelo es más barato. ¡Ser pobre no significa tener menos derecho a una vivienda segura!“, dijo.
De la discusión en el pleno participaron otros legisladores de las diferentes bancadas, como Mayté Levi, Xavier Ordóñez, Milton Aguas y Luigi García, ADN; Roque Ordóñez y Sandra Figueroa, de la RC.
Tras el debate, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN), dispuso que el informe regrese a la Comisión de Gobiernos Autónomos para que incorpore las observaciones realizadas y que elabore un informe para segundo y definitivo debate en el pleno.
Fuente: El Universo
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