El pleno de la Asamblea Nacional dio un mes a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que apruebe un informe de fiscalización sobre los presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito, que se investigan en el denominado caso VaQnas.
Este martes, 27 de octubre de 2026, en la sesión del pleno 133, el Legislativo aprobó una resolución presentada por el asambleísta de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Castillo, para que se fiscalice este caso. La iniciativa fue aprobada con 85 votos a favor, 59 en contra y una abstención.
En el debate participaron legisladores como Andrés Castillo, Juan Andrés González (RC), Xavier Ordóñez (ADN) y Héctor Rodríguez (RC).
La resolución dispone requerir al Ministerio del Trabajo y a la Contraloría General del Estado información sobre los presuntos aportes económicos indebidos realizados por servidoras y servidores públicos del Municipio de Quito y las circunstancias laborales en las que se habrían producido estos hechos. Para esto, la Asamblea dio un plazo de diez días.
En el caso del Ministerio del Trabajo, la legislatura pidió, entre otras cosas, la “documentación disponible que permita identificar las circunstancias laborales en las que presuntamente se habrían producido los aportes, incluyendo su eventual relación con las condiciones de ingreso, contratación, permanencia, estabilidad, remuneración, ascenso, promoción, evaluación, asignación de funciones o cualquier otra condición laboral de las personas involucradas”.
En tanto que a la Contraloría General del Estado, el Parlamento requirió información sobre las acciones de control ejecutadas, en curso o planificadas sobre presuntas irregularidades y sus resultados en torno al caso VaQnas.
La documentación que reciba la Asamblea deberá ser recabada y analizada por la Comisión de Transparencia, presidida por la legisladora Diana Jácome, de ADN. La mesa parlamentaria deberá presentar un informe ante el pleno, en treinta días.
A la vez, la resolución requiere a la Contraloría que incluya un examen especial a las actuaciones administrativas, financieras y laborales relacionadas con estos presuntos aportes económicos indebidos en el Municipio de Quito; y que examine la utilización de recursos públicos que podrían estar vinculados con estos hechos y que determine las responsabilidades a que hubiere lugar, de existir mérito para ello.
Sobre el caso VaQnas
El 19 de octubre pasado, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, fue denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestos cobros de “vacunas” a funcionarios municipales. La denuncia fue presentada por el activista político y exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas por la presunta comisión de los delitos de concusión y cohecho.
Según el denunciante, los recursos solicitados a los servidores municipales habrían sido destinados a financiar la campaña de reelección del alcalde Muñoz.
Según Guarderas, entre los elementos que forman parte de la investigación están videos de presuntos pagos, conversaciones que evidenciarían la supuesta obligatoriedad de las contribuciones bajo amenaza de perder el empleo y cobros extraordinarios, como rifas o bingos, que habrían sido impuestas a los funcionarios.
El denunciante también aseguró que disponen de audios, información bancaria y nombres de personas que presuntamente habrían participado en el esquema. “Sabemos quiénes han pedido dinero, quiénes han sido los recaudadores y cuáles eran los fines del dinero”, sostuvo el activista.
Tras presentar su denuncia, este 19 de octubre, el activista hizo un cálculo sobre la posible dimensión económica de los cobros. Según indicó, en el Municipio de Quito habría unos 7.000 funcionarios de libre remoción y, bajo un escenario hipotético en el que 1.000 de ellos hubieran entregado $ 80 mensuales, la recaudación alcanzaría los $ 80.000 al mes.
Con ese supuesto, dijo, “el monto ascendería a $ 960.000 al año, una cifra cercana al millón de dólares”.
En medio de estas denuncias, en los últimos días se hicieron públicos testimonios de exservidores municipales sobre este presunto cobro de dinero que, a decir de los denunciantes, habrían sido destinados al financiamiento de la campaña de Pabel Muñoz, quien busca la reelección en las seccionales del 29 de noviembre próximo. Los extrabajadores municipales, que pertenecieron a la Empresa de Pasajeros, relataron que llegaron a pagar entre $ 60 y $ 120, de forma mensual y en efectivo, como aportes obligatorios.
Fuente: El Universo
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