El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, con 83 votos afirmativos, en la continuación de la sesión 67, este miércoles, 25 de febrero.
La iniciativa aprobada busca dinamizar la economía nacional mediante la articulación estratégica entre el sistema educativo y las necesidades reales del desarrollo productivo del país.
La ponente del informe y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, asambleísta Valentina Centeno, explicó que la propuesta de ley busca enfrentar dos de los principales problemas que afectan a la juventud: la falta de cupos en la educación superior y la ausencia de experiencia laboral para acceder a un primer empleo, mediante el fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica y del modelo de formación dual.
Indicó que esta modalidad, inspirada en experiencias exitosas como el modelo alemán, permite “aprender haciendo”, con resultados que evidencian que cerca del 90 % de los aprendices culmina su formación y más del 95 % accede a empleo. Agregó que países como Suiza y Austria han alcanzado un desarrollo sostenido mediante sistemas de formación dual y que, en Ecuador, si bien esta modalidad ya existe, aún es limitada y se concentra principalmente en institutos técnicos.
La normativa tiene como objetivo principal impulsar la generación de empleo y mejorar la empleabilidad, especialmente de jóvenes, a través del fortalecimiento de la formación técnica, tecnológica y de la educación dual, como mecanismos que integran el aprendizaje teórico con la experiencia práctica en entornos laborales reales. De esta manera, se busca reducir las brechas existentes entre la oferta académica y la demanda del mercado laboral, fortaleciendo el desarrollo del talento humano como motor de la productividad y la competitividad.
El cuerpo legal establece mecanismos para promover procesos de capacitación, formación profesional, certificación de competencias laborales y reconocimiento de aprendizajes previos, con el fin de facilitar la inserción laboral, la movilidad ocupacional y el acceso a empleo digno. Asimismo, impulsa la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones educativas y el sector productivo, garantizando que los procesos formativos respondan a criterios de calidad, pertinencia y eficiencia.
La ley incorpora también un enfoque de inclusión social, al priorizar acciones dirigidas a jóvenes, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, así como a territorios con mayores brechas de acceso a oportunidades laborales. En este sentido, se promueven políticas que fomentan la formación práctica, el emprendimiento y la inserción temprana en el mercado de trabajo, con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales, de género y socioeconómicas.
Durante el debate, participaron varios legisladores, quienes coincidieron en que esta ley contribuirá a consolidar un modelo educativo más pertinente, inclusivo y alineado con las demandas de los sectores productivos estratégicos del país. Asimismo, destacaron que la vinculación entre instituciones educativas y empresas fomentará la innovación, el desarrollo de competencias laborales y la incorporación progresiva de personal calificado en las distintas ramas de la actividad económica.
El proyecto aprobado será remitido al Ejecutivo para su correspondiente sanción u objeción, dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Comisión General