Con 85 votos, la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización elaborado por la Comisión del Derecho al Trabajo, en el cual determinó que la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP) habría incurrido en tercerización laboral, al contratar empresas privadas para que ejecuten tareas de barrido y limpieza de las calles y veredas, así como mantenimiento de parques de la ciudad.
El informe recoge denuncias sobre las condiciones de trabajo de las llamadas “hormiguitas chúas”, encargadas de labores de limpieza en la ciudad, y advierte posibles casos de tercerización e intermediación laboral, incumplimientos en el pago de salarios y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La investigación se inició en junio de 2026 en la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, presidida por el asambleísta Ecknner Recalde, de Acción Democrática Nacional (ADN). Tras las comparecencias y la revisión de la información recibida, el legislador sostuvo que existirían indicios de tercerización y precarización laboral, en contravención de las disposiciones constitucionales y del Mandato Constituyente n.° 8.
Según el análisis de la comisión, la EMAC EP, creada para prestar servicios de aseo en Cuenca, habría contratado empresas privadas para ejecutar tareas de barrido de calles, limpieza de veredas y mantenimiento de parques mediante trabajadores vinculados directamente con esas compañías. El informe señala presuntas condiciones laborales inadecuadas, retrasos en los pagos, posibles vulneraciones de derechos de los trabajadores.
Además de las denuncias laborales, el documento plantea interrogantes sobre los procedimientos de adjudicación y supervisión de varios contratos de limpieza. Por ello, incluye conclusiones y recomendaciones dirigidas a distintas instituciones del Estado para que investiguen los hechos y determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales, según corresponda.
El informe a organismos de control
La moción para aprobar el informe fue presentada por el asambleísta Ecknner Recalde y recibió el respaldo de 85 legisladores de ADN, independientes y sus aliados. También se registraron 50 abstenciones de la bancada Revolución Ciudadana y de parte del PSC, en tanto que cuatro votos en contra vinieron de Pachakutik.
La resolución aprobada establece que se acojan las conclusiones y recomendaciones del informe de fiscalización sobre presuntos casos de tercerización, intermediación laboral y otros mecanismos de contratación indirecta utilizados por determinados gobiernos autónomos descentralizados municipales a través de sus empresas públicas.
Asimismo, dispone que la Secretaría General de la Asamblea remita el documento al Concejo Cantonal de Cuenca, al Municipio de Cuenca y a la EMAC EP, así como a la Contraloría General del Estado, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Superintendencia de Competencia Económica y la Fiscalía General del Estado.
El informe también será enviado al IESS, a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a las superintendencias de Compañías, Valores y Seguros y de Economía Popular y Solidaria. Estas entidades deberán actuar dentro de sus competencias legales y constitucionales y atender las recomendaciones específicas del documento.
Debate
En el debate, el asambleísta Anthony Becerra (ADN), proponente del proceso de fiscalización señaló que la tarea principal de creación de la EMAC EP es limpiar a la ciudad, y por lo tanto, no se podía contratar o tercerizar este servicio que está prohibido en la norma constitucional.
Becerra mostró cifras de quienes fueron los beneficiarios de esto contratos de limpieza, y afirmó que al haber tercerizado el servicio de limpieza de parques de la ciudad de Cuenca, mediante concurso publico, no lo hace legal.
Como beneficiarios de la tercerización nombró a Teodoro Ordóñez, quien tuvo dos contratos por más de $ 1,3 millones; en el caso de la zona B, se adjudicó a Verónica Serrano León por más de 1,3 millones, y también de la zona C, la señora Nelly Morocho, se adjudicó dos contratos por $ 2,2 millones.
Humberto Alvarado (RC) dijo que con este informe se está hablando de mujeres trabajadores que enfrentan atropellos en sus derechos laborales como retrasos en los pagos de sus sueldos e inclusive pagos del IESS, por el servicio de limpieza de la ciudad de Cuenca.
Alvarado, pese a señalar que la tercerización laboral debe terminar, durante el debate, anunció que no apoyará la aprobación del informe, porque si bien la Asamblea tiene la obligación de fiscalizar, pero no puede sustituir las competencias del Ministerio de Trabajo que debe verificar contratos y determinar responsabilidades correspondientes.
El asambleísta Adrián Castro, de Acción Democrática Nacional (ADN), cuestionó la decisión de la bancada Revolución Ciudadana (RC) de no respaldar el informe de fiscalización sobre el caso de las “hormiguitas chúas”. El legislador señaló que los trabajadores llevan cerca de un año denunciando retrasos en el pago de sus salarios y la falta de beneficios sociales, situaciones que calificó como condiciones “casi de esclavitud”.
Castro indicó que tuvieron que trasladarse a Cuenca para entregar víveres y útiles escolares a los trabajadores afectados. Según manifestó, algunas personas cuyos contratos terminaron continúan sin recibir los salarios que se les adeudan desde hace varios meses.
“Qué pena que se escuchen voces que no apoyarán el informe”, expresó el legislador de ADN, en referencia a la postura de la bancada de Revolución Ciudadana frente al documento de fiscalización que recibió 85 votos de respaldo de los 151 asambleístas que integran el Parlamento. (I)
Fuente: El Universo