En una jornada legislativa determinante, el oficialismo en la Cámara de Diputados consiguió la media sanción para el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil. El eje central de esta reforma, impulsada por la gestión de Patricia Bullrich, es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasaría de los 16 a los 14 años. La votación concluyó con un respaldo de 149 votos afirmativos y 100 en contra, sin que se registraran abstenciones.
El bloque de apoyo estuvo conformado por una coalición diversa que incluyó a los libertarios junto con representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz.
Divisiones en la oposición
Por su parte, el peronismo mostró una postura unificada en el rechazo general del proyecto. No obstante, al momento del tratamiento de los artículos específicos, los legisladores del Frente Renovador se distanciaron de la negativa general para validar la baja en la edad de punibilidad. Los integrantes de este espacio indicaron que su decisión responde a la necesidad de “respetar la posición histórica del espacio”, recordando que en 2015 ya habían propuesto un Código Penal que establecía el límite de imputabilidad en los 14 años.
La nueva normativa no solo modifica la edad legal, sino que estipula una pena máxima de hasta 15 años de prisión para crímenes de alta gravedad, tales como homicidios, secuestros, abusos sexuales o robos con violencia. 
Medidas alternativas y reinserción
Para aquellos delitos cuyas condenas sean inferiores a una década, el régimen contempla diversas penas alternativas orientadas a la resocialización, entre las que destacan:
- Amonestaciones formales.
- Prohibición de acercamiento a las víctimas.
- Prestación de servicios comunitarios.
- Implementación de monitoreo electrónico.
- Reparación integral del daño causado.
- Restricciones de circulación en zonas específicas y prohibición de conducir.
Un pilar fundamental de la propuesta es la creación de centros e institutos especializados. En estos establecimientos, los menores bajo condena deberán tener garantizado el acceso a la educación, servicios de salud y tratamientos contra las adicciones. El proyecto subraya que todo el personal a cargo debe poseer especialización en materia de infancia y adolescencia, además de establecer que queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Derechos de las víctimas y procesos judiciales
El marco legal también introduce la posibilidad de suspender el proceso a prueba y fomentar la mediación penal juvenil para infracciones de carácter leve, siempre bajo el consentimiento de la víctima. Precisamente, el reconocimiento de las víctimas es otro de los puntos clave, asegurándoles el derecho a ser escuchadas, informadas, contar con patrocinio legal gratuito y asistencia psicológica durante todas las etapas del proceso.
Durante la sesión, la diputada Laura Rodríguez Machado, quien preside la comisión de Legislación Penal, defendió la reforma argumentando que la normativa vigente desde 1980 es ineficaz. Según la legisladora, la ley actual “no previene, no resocializa y no repara”, dejando a los jóvenes en un vacío legal que a menudo es aprovechado por organizaciones criminales para su captación. Machado destacó que el texto final es fruto de un año de trabajo conjunto y el análisis de más de veinte proyectos previos.
Críticas y posturas encontradas
Desde el sector del peronismo, las críticas apuntaron a la falta de un enfoque integral. El dirigente Juan Grabois manifestó su desacuerdo señalando:
“La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”
. Grabois insistió en que el foco debe centrarse en la salud mental y los consumos problemáticos en los barrios populares. En sintonía, el diputado Juan Carlos Molina cuestionó las prioridades sociales:
“¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”
En contraste, el diputado libertario Santiago Santurio defendió la medida como una obligación estatal hacia las víctimas:
“No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”
. 
Presencia de familiares y presupuesto asignado
El debate contó con la presencia en los palcos de numerosos familiares de víctimas, entre ellos Romina Monzón y Virginia (familiares de Jeremías Monzón, asesinado en Santa Fe), Viviam Perrone e Isabel Yaconis de Madres del Dolor, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia, y los padres de Joaquín Sperani, Lara Fernández, Soledad Bargna y Kim.
Para asegurar la viabilidad del nuevo sistema, el Gobierno incluyó un presupuesto total de $23.739.155.303. Esta partida se distribuirá asignando $3.131.996.784 al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación. Este ajuste presupuestario fue una condición clave de los gobernadores provinciales para evitar asumir la totalidad de los costos operativos.
Finalmente, Miguel Ángel Pichetto advirtió sobre la importancia de la ejecución real de estos fondos:
“La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”
. Antes del cierre, Rodríguez Machado confirmó ajustes técnicos en la redacción para garantizar la separación absoluta entre menores y adultos en los centros de detención.
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