En un reciente desarrollo judicial en los Estados Unidos, Andrés Felipe Marín Silva, identificado bajo el alias de Pipe Tuluá y máximo cabecilla de la estructura criminal conocida como La Inmaculada, compareció ante la Corte del Distrito Este de Texas. Durante la diligencia, el procesado se declaró formalmente “no culpable” frente a los graves señalamientos de narcotráfico internacional que pesan en su contra.
El sujeto, quien fue enviado a territorio norteamericano el pasado martes 3 de febrero tras ser extraditado desde la ciudad de Bogotá, enfrenta un pliego de cargos contundente. De acuerdo con las investigaciones, se le acusa por los delitos de concierto para la distribución y posesión de cocaína con propósitos de comercialización, así como conspiración para el tráfico de sustancias ilícitas con el pleno conocimiento de que serían introducidas de forma ilegal en Estados Unidos. Además, se le vincula con la fabricación y logística de distribución de cargamentos superiores a los cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.
Centro de reclusión y estrategia de la defensa
Tras la audiencia de imputación, las autoridades judiciales determinaron que el lugar de permanencia para Marín Silva será el Centro de Detención del condado de Collin, ubicado en el estado de Texas. Este recinto carcelario posee una infraestructura diseñada para albergar a aproximadamente 1.082 internos, lugar donde el líder de La Inmaculada aguardará el avance de las próximas etapas de su proceso legal.
Por su parte, el equipo legal encargado de la defensa del colombiano ha solicitado formalmente el acceso exhaustivo a todo el acervo probatorio que sostiene la fiscalía. Esto incluye el análisis minucioso de comunicaciones interceptadas y diversas grabaciones, elementos que representan la columna vertebral de la acusación incriminatoria en su contra.
De manera paralela al proceso judicial, se ha conocido que la defensa de alias Pipe Tuluá intenta establecer canales de diálogo con la justicia estadounidense para una eventual colaboración. El objetivo sería intercambiar pruebas sensibles a cambio de beneficios procesales. En este posible escenario de negociación, se contempla la entrega de material relacionado con supuestos aportes económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según la información revelada por la periodista Vicky Dávila, estas presuntas contribuciones se habrían gestionado a través de Juan Fernando Petro, hermano del actual mandatario de Colombia.
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