Crisis de derechos humanos en Irán
La organización internacional Amnistía Internacional (AI) ha realizado un llamado urgente este viernes para que la comunidad global ejerza presión sobre las autoridades de Irán. El objetivo primordial es detener los procesos judiciales que amenazan con la pena de muerte a un grupo de 30 personas, capturadas en el contexto de las movilizaciones contra el régimen, entre las cuales figuran varios menores de edad.
«Los niños y jóvenes constituyen la mayor parte de los que se encuentran atrapados en la maquinaria de represión del Estado tras las protestas de enero, privados de acceso a representación legal efectiva y sometidos a tortura u otros malos tratos y a detención en régimen de incomunicación mientras intentan obtener confesiones forzadas»
Así lo manifestó Diana Eltahawy, quien se desempeña como directora regional adjunta para Oriente Próximo y el Norte de África dentro de la mencionada ONG.
Casos críticos de menores procesados
Dentro de los casos documentados, destacan los nombres de Ehsan Hoseinipur Hesarl, de 18 años, junto a Matin Mohamadi y Erfan Amiri, ambos de apenas 17 años de edad. Estos jóvenes han sido sentenciados tras lo que se califica como un «juicio acelerado y flagrantemente injusto» por su supuesta responsabilidad en un incendio provocado en una mezquita situada en Pakdasht, en la provincia de Teherán, suceso que resultó en el fallecimiento de dos integrantes de la fuerza paramilitar Basij.
Informes recibidos por la entidad detallan que Ehsan fue coaccionado para confesar tras ser víctima de «brutales palizas», llegando al extremo de que sus interrogadores le introdujeron un arma de fuego en la boca para amedrentarlo. Además, el sistema judicial ha bloqueado a tres abogados particulares seleccionados por sus allegados, imponiendo en su lugar a un defensor público designado por el Estado que no ha garantizado una protección legal real ni efectiva para el joven.
Respecto a los otros dos implicados de 17 años, se encuentran recluidos en un centro de detención de menores enfrentando la posibilidad de ser ejecutados, a pesar de que «el Derecho Internacional prohíbe tajantemente la imposición de la pena capital a personas menores de 18 años en el momento del presunto delito», según recalca la organización.
Estrategia de miedo y represión sistemática
Para Diana Eltahawy, estas acciones ratifican «la profundidad de su desprecio por el derecho a la vida y la justicia» por parte del gobierno iraní. Según su análisis, el uso de «ejecuciones rápidas» y procesos sin garantías busca generar un clima de terror absoluto para «aplastar el espíritu de una población» que demanda transformaciones estructurales en la nación.
Ante este escenario, la ONG ha exhortado a los estados miembro de Naciones Unidas y a diversos organismos internacionales a coordinar «medidas diplomáticas urgentes». La petición central es que Teherán proceda a la anulación de las sentencias capitales existentes, se abstenga de emitir nuevos fallos similares y asegure que los acusados tengan acceso a juicios imparciales sin el uso de la pena máxima.
Finalmente, se ha exigido que se permita el ingreso de la misión de investigación de la ONU y de representantes de embajadas a los centros de reclusión y a las audiencias de los manifestantes. Se estima que de los 30 ciudadanos afectados, al menos ocho ya han recibido la condena de muerte oficial durante el mes de febrero y se encuentran actualmente a la espera de que se ejecute la sentencia.
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