a partir de las 11:00, la Asamblea Nacional se instalará para decidir si archiva o da continuidad al proceso de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, acusada de presunto incumplimiento de funciones por la bancada de Revolución Ciudadana (RC).
El panorama para los interpelantes —Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto— luce cuesta arriba por decisiones oficialistas. El informe de la Comisión de Fiscalización, presidida por el gobiernista Ferdinan Álvarez, recomienda formalmente el archivo del proceso. Durante la fase de comparecencias no acudieron Roberto Luque, Antonio Goncalves ni Fabián Calero.
Según el documento, los argumentos presentados carecen de mérito y sufren de una “insuficiencia probatoria” que impide establecer una responsabilidad política clara. La comisión calificó las pruebas de la acusación como “inconexas”, señalando que muchas se basaron en notas de prensa y audios sin el debido peritaje técnico.
La decisión final dependerá de los votos. Para que el proceso sea desechado definitivamente, se requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes en la sesión: 77 apoyos.
En este contexto, el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados buscan ratificar el informe de archivo, argumentando que el proceso fue transparente y que los acusadores no lograron probar sus puntos durante la fase de pruebas.
Por otro lado, la oposición busca sumar apoyos para evitar el archivo del juicio político. La disposición interna en la bancada de Revolución Ciudadana (RC) es que sus 62 legisladores asistan a la sesión, de forma presencial o virtual, sin excepciones.
Blasco Luna, uno de los interpelantes, señaló que esperan contar con el respaldo de sectores de Pachakutik (PK) y del Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, reconoció que, incluso con esos votos, alcanzar los 77 necesarios para avanzar con la interpelación dependerá de la asistencia total de los legisladores.
La suma de los tres votos de PK y los tres del PSC permitiría a la oposición alcanzar 68 apoyos. Si además se incorporan los votos de los exmilitantes de Pachakutik que se alejaron de las decisiones del Gobierno, el respaldo podría llegar a 71. Aun así, la cifra quedaría por debajo de los 77 votos requeridos.
El fondo de la controversia
La acusación contra Manzano gira en torno a su gestión durante la crisis eléctrica de 2024. Se le señala por la omisión y la falta de control en la contratación de generadores eléctricos con la empresa Austral Technical Management (ATM), un contrato que habría causado un perjuicio al Estado superior a los USD 70 millones debido a presuntas irregularidades y equipos inservibles.
Manzano, por su parte, defendió su actuación asegurando que no fue llamada para “crear una crisis, sino para enfrentarla”. El informe de Fiscalización incluso sostiene que el desembolso del 60% para el contrato de ATM se realizó antes de que su encargo ministerial fuera registrado oficialmente en el sistema pertinente.
Ahora, la sesión, convocada por el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres, iniciará con la lectura íntegra del informe de Fiscalización (94 páginas) antes de abrir el debate. Si el Pleno acoge y ratifica el informe de archivo con mayoría simple, el caso morirá mañana mismo. No obstante, si no se logran los votos para el archivo, el proceso “resucitaría” y el presidente del legislativo deberá convocar a una nueva sesión de interpelación en un plazo de cinco días.
Radio Pichincha
LV