La bancada Acción Democrática Nacional (ADN) contaría con los votos necesarios para aprobar la remoción automática de alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales tras 90 días de licencia temporal consecutiva.
Este proyecto, que aplica 45 reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), será tramitado en segundo debate este viernes 6 de noviembre en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional convocada a partir de las 15:40.
El jefe de la bancada ADN, Esteban Torres, defendió la reforma al señalar que busca corregir una situación que, según dijo, se ha vuelto insólita en el país: la ausencia prolongada de autoridades locales por procesos judiciales u otras circunstancias. Como ejemplo mencionó al alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien ejerce sus funciones desde fuera del país.
Torres sostuvo que estas ausencias han generado cuestionamientos ciudadanos sobre quién está realmente al frente de los municipios y prefecturas cuando la autoridad elegida en las urnas no se encuentra en su puesto. “Si no está en el cargo la persona que fue elegida en las urnas, entonces ¿quién está a cargo de un municipio o prefectura?“, cuestionó.
El legislador afirmó que ADN y los asambleístas aliados identificaron la necesidad de abordar este problema, pues considera que las licencias o vacaciones prolongadas e indefinidas de las autoridades locales carecen de justificación.
Frente a las críticas de la oposición, que cuestiona que la reforma no haya pasado por dos debates y advierte que tendría dedicatoria para determinados alcaldes del país, Torres negó que exista un propósito particular.
Aseguró que los cambios regirán para futuras autoridades y argumentó que el país está a menos de cuatro semanas de las elecciones seccionales; y señaló que todavía debe transcurrir el tiempo que le tome al Ejecutivo pronunciarse sobre el proyecto, ya sea para sancionarlo o vetarlo.
Las reformas planteadas modifican los artículos 52, 62 y 71 del Cootad, relacionados con las ausencias temporales de los prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales rurales, respectivamente.
En los tres casos se incorpora el límite de 90 días continuos, tras el cual la ausencia se considerará definitiva por el ministerio de la ley, sin que sea necesaria una resolución previa del consejo provincial, concejo municipal o junta parroquial rural.
Una disposición similar se incorpora para los gobernadores regionales, figura que consta en la Constitución de Montecristi desde 2008, pero que nunca se ha aplicado en el país. La reforma se realiza al artículo 39.
En el caso de los alcaldes metropolitanos, la disposición es parecida pero agrega otras situaciones, según la reforma al artículo 94 del Cootad vigente.
Así, las actuaciones realizadas mediante medios telemáticos, electrónicos o mecanismos de comunicación a distancia no interrumpirán el cómputo de los 90 días de ausencia temporal.
Una excepción se aplicaría cuando la reincorporación presencial responda a medidas de protección dispuestas por una autoridad competente, siempre que se garantice el ejercicio efectivo y continuo de las atribuciones del cargo.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, Cristian Benavides (cercano al oficialismo), aclaró que las reformas al Cootad no se limitan a la remoción de autoridades seccionales por ausencias prolongadas.
Explicó que el proyecto reúne catorce iniciativas legislativas que fueron analizadas y trabajadas durante más de un año y medio en la comisión y que, a su criterio, incluyen varios cambios positivos para los gobiernos locales.
El legislador cuestionó que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) considere que la reforma busca perseguir a sus alcaldes. En contraste, destacó varias disposiciones del proyecto, entre ellas que los concejales cumplan una jornada de 40 horas semanales, como el resto de funcionarios públicos, y que las sesiones de los concejos municipales se transmitan en vivo para garantizar la transparencia.
También mencionó que, en las zonas de frontera, el 80 % de la mano de obra de las obras públicas deberá ser local. Según explicó, esta medida apunta a impulsar la economía de esas localidades y combatir el contrabando y otros delitos asociados a la falta de oportunidades laborales.
Entre los cambios planteados constan, además, la asignación de funciones a los viceprefectos y viceprefectas desde el inicio de sus candidaturas, así como una nueva causal de remoción para alcaldes y prefectos que paralicen obras que quedaron inconclusas de la administración anterior.
Sobre la disposición que establece la remoción de alcaldes y prefectos cuando sus licencias temporales superen los 90 días, Benavides aseguró que la norma no tendrá carácter retroactivo y que se aplicará a futuro. Por ello, rechazó que la reforma tenga dedicatoria para determinadas autoridades seccionales.
El presidente de la comisión sostuvo que la ciudadanía no puede tener autoridades que gobiernen a través de WhatsApp, Zoom o incluso desde un centro de privación de libertad. A su criterio, ejercer un cargo de elección popular implica mantener contacto directo y permanente con las comunidades a las que representan.
En relación con el caso del alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien ha señalado que recibió amenazas y ejerce sus funciones fuera del país, Benavides dijo que pueden existir circunstancias excepcionales que justifiquen una ausencia temporal, pero no una permanencia indefinida fuera del territorio que se gobierna.
“Lo que no queremos es que se gobierne desde los pabellones o que sigan cobrando sueldo por un montón de tiempo cuando tienen procesos judiciales en curso”, puntualizó.
Finalmente, precisó que el plazo de 90 días comenzará a contabilizarse desde la entrada en vigencia de la reforma. Insistió en que el objetivo es regular las ausencias prolongadas de las autoridades locales y evitar que permanezcan en sus cargos y continúen percibiendo sus remuneraciones sin ejercer sus funciones, amparadas en el respaldo político de sus respectivos concejos.
Benavides se mostró seguro de que habrá más de 77 votos a favor de la reforma, y además será el asambleísta ponente del proyecto y por lo tanto, mocionará su aprobación en el pleno de la Asamblea.
Fuente: El Universo
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