Pese a las alertas de colectivos ambientales, gremios pesqueros y sectores de la oposición, la Comisión de Biodiversidad, liderada por la oficialista Camila León, aprobó el 29 de junio de 2026 un informe no vinculante sobre las objeciones presidenciales a la Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero. Este martes 14 de julio de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene planificado conocer y resolver ese documento.
El documento acogió la mayoría de las observaciones planteadas por el Ejecutivo y mantuvo sin cambios varios de los aspectos más cuestionados de la normativa, aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional el 21 de mayo de 2026.
Lejos de mitigar las preocupaciones sobre la minería submarina y el centralismo, el nuevo documento ratifica una estructura legal que, según sus legisladores de la oposición, prioriza la explotación sobre la conservación.
Minería submarina, el “súper Consejo” y el principio precautorio
Una de las alertas más graves identificadas desde la aprobación del texto inicial en mayo apuntaba al artículo 6, numeral 8, que permite la exploración y aprovechamiento de “recursos no vivos”. Expertos advirtieron que esta terminología es una invitación directa a la minería en el lecho marino y la extracción de arena de playa.
El reciente informe de la Comisión no solo no corrigió este punto, sino que recomendó aceptar el cambio sugerido por el Presidente para eliminar la palabra “extracción” y mantener únicamente “aprovechamiento sostenible”.
Según la Comisión, se trata de un simple ajuste de técnica legislativa, pero para la sociedad civil, la persistencia de este concepto —sin una prohibición expresa de la minería submarina, como solicitó en su momento el propio Ministerio del Ambiente— mantiene el riesgo latente de extractivismo en ecosistemas frágiles.
Otra alerta que no encontró eco es la concentración de poder en el Consejo Interinstitucional del Mar. Desde marzo, se denunció que este ente actuaría como un mando centralizado desde Quito, presidido por un delegado del Presidente.
El informe de la Comisión no solo validó esta estructura, sino que recomendó fortalecerla al incluir explícitamente la facultad de “rectoría” del Consejo para emitir políticas de Estado. Con esto, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) permanecen relegados a ser “miembros complementarios” con voz pero sin voto, confirmando el modelo de gestión centralizada que los gobiernos locales rechazaron sistemáticamente.
El artículo 17, que regula la protección de zonas sensibles ante proyectos de alto impacto, también quedó sin cambios sustanciales que calmen las alarmas. El informe de la Comisión aceptó la redacción del Ejecutivo que supedita la adopción de medidas protectoras a la existencia de un riesgo de “daño grave o irreversible”.
Activistas ambientales insistieron en que condicionar la protección a la magnitud del daño es una “trampa jurídica” que debilita el precepto constitucional de precaución. Al no eliminarse esta frase en el informe final, las autoridades podrán seguir permitiendo actividades degradantes si consideran que el impacto no alcanza la categoría de “grave”, desplazando el enfoque de la ley hacia una gestión del daño ya causado.
Radio Pichincha
LV