Tras el anuncio formal del cierre del convenio comercial con Estados Unidos, el Gobierno Nacional se encuentra evaluando el calendario legislativo para remitir el proyecto al Congreso. Aunque las autoridades sostienen que esta iniciativa es una de las prioridades de la gestión, consideran muy probable que su debate oficial se traslade al período de sesiones ordinarias, el cual comenzará el próximo 1° de marzo con el discurso de apertura a cargo del mandatario Javier Milei.
Diversos portavoces de la cúpula política han reconocido que la agenda de sesiones para el mes de febrero presenta dificultades logísticas que chocan con las intenciones del presidente. El cronograma actual complica el tratamiento de un temario que el canciller, Pablo Quirno, describió como “ambicioso” durante una reciente rueda de prensa, donde se detallaron los objetivos para el receso de verano.
Análisis de tiempos y tecnicismos
Pese a los desafíos del calendario, dentro del Ejecutivo todavía se debate internamente la posibilidad de intentar su inclusión en el periodo de sesiones extraordinarias, incluso si la discusión de fondo se extiende por unos días adicionales. El objetivo primordial es posicionar los temas que la administración considera fundamentales en la agenda pública.
“Estamos terminando de analizarlo, porque estamos en el proceso de traducciones y de determinados tecnicismos, que exige un acuerdo de estas características. Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo”
Así lo manifestó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que fue la primera comparecencia ante los medios del año 2026.
El pacto comercial contempla la eliminación de aranceles para un total de 1.675 productos bajo un esquema de reciprocidad. Actualmente, el documento atraviesa una fase crítica de traducción y revisión jurídica. Este proceso sucede a la firma del convenio realizada el pasado jueves por Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Una vez que los especialistas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto finalicen el peritaje detallado, el texto será enviado a la Casa Rosada. Allí, la Secretaría de Legal y Técnica, dirigida por María Ibarzabal Murphy, realizará el control final antes de su ingreso formal a las cámaras legislativas.
Prioridades legislativas y desafíos
Desde el sector oficialista anticipan que el camino parlamentario no será sencillo, dado que existen otros proyectos de gran peso en lista de espera. Entre ellos se encuentran la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, el pacto entre el Mercosur y la Unión Europea, y la Ley Penal Juvenil. Concentrar estos debates entre el 7 y el 27 de febrero representa un reto mayúsculo, especialmente considerando los feriados de Carnaval de por medio.
Fuentes cercanas al entorno presidencial admiten que el acuerdo con Washington es la prioridad número uno, incluso por encima del convenio con el bloque europeo. No obstante, desde el ámbito legislativo advierten que
“Todavía ni siquiera ingresó al Congreso”
lo que hace difícil que los legisladores puedan darle tratamiento en el corto plazo de febrero debido a la complejidad del documento.
De manera paralela, en los despachos de Balcarce 50 se planea avanzar con la ejecución de ciertos puntos del acuerdo mediante vías administrativas que prescinden del aval parlamentario. Con la meta de optimizar procesos y abaratar costos, se redactan decretos y resoluciones para reducir trabas no arancelarias y simplificar certificaciones.
Esta labor técnica recae sobre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario trabaja en la identificación de obstáculos burocráticos que el Gobierno se comprometió a desmantelar durante las negociaciones con los representantes norteamericanos.
Impacto en sectores clave y recursos críticos
La administración de Javier Milei busca consolidar a Estados Unidos como su aliado principal en materia de inversiones y comercio, con un foco especial en minerales estratégicos como el litio y el cobre. Se fomentará la creación de infraestructura minera y se facilitarán proyectos amparados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El entendimiento también abarca una colaboración estrecha en auditorías sobre subsidios y prácticas de competencia desleal (antidumping), asegurando la protección de datos comerciales sensibles. Manuel Adorni enfatizó que este pacto beneficia a las 24 provincias del país y a sus 47 millones de habitantes, reforzando un modelo de “capitalismo y libre comercio”.
Por su parte, Pablo Quirno recordó con ironía los eventos de hace dos décadas relacionados con la Cumbre de las Américas:
“No vamos a parar. Vamos a seguir generando acuerdos con todos los países del mundo. Paradojicamente hace 20 años, en 2005, cuando tuvimos la Cumbre de las Américas tuvimos aquella frase ‘ALCA, ALCA, al carajo’. Gracias a Dios, 20 años después, podemos gritar ‘Viva la Libertad, Carajo’“
concluyó el canciller ante el respaldo de los funcionarios presentes.
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