Con las papeletas electorales impresas y la campaña electoral en marcha, los conflictos legales que rodean a los candidatos detenidos, investigados o asesinados se resolverán después del sufragio del 29 de noviembre.
Desde este jueves y hasta el 26 de noviembre el ambiente de Ecuador será de promesas y ofertas propagandísticas de 51.731 candidatos que están calificados para participar en los comicios seccionales, en los que también se elegirá a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
De ese número de habilitados, hay dos casos con situaciones especiales.
Uno es el de Jaime Estrada Bonilla, quien aspira a llegar a la Alcaldía de Manta (Manabí) por la alianza llamada Para Recuperar la Ciudad, listas 72-111.
Estrada, cuya candidatura está en firme, fue retenido —junto con su hijo Jaime Estrada Medranda— en Panamá y estaría en trámite su extradición a los Estados Unidos luego de que se levantaron cargos en su contra como sospechoso de narcotráfico y conspiración para el porte y uso de armas.
Las papeletas de la dignidad de alcalde de Manta están impresas, de acuerdo con el avance de producción del Instituto Geográfico Militar (IGM), y al estar su candidatura en firme, no hay marcha atrás en que participe en el proceso.
El Código de la Democracia, en el artículo 108, establece que las candidaturas a cargos de elección popular una vez calificadas e inscritas son irrenunciables.
Y los candidatos, una vez calificados, no pueden ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar.
La situación de Jaime Estrada tiene una característica diferente: fue aprehendido en territorio internacional por una solicitud de extradición emitida por los Estados Unidos, por lo que las leyes ecuatorianas no tienen jurisdicción.
Ante el escenario de que Estrada sea extraditado a EE. UU. y en Ecuador gane la elección, no podrá posesionarse y asumir el cargo el 14 de mayo de 2027.
En ese caso, el segundo inciso del artículo 167 del Código electoral señala que, ante el fallecimiento o ausencia definitiva del alcalde electo antes de su posesión, “asumirá sus funciones quien sea designado como vicealcalde” por el gobierno autónomo descentralizado. Para ello se requerirá el voto de la mayoría absoluta del Concejo Municipal.
Otro caso es el de Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía de Huaquillas (El Oro), auspiciado por la alianza Fuerza Fronteriza, listas 88-102, que fue asesinado el 7 de noviembre de 2026 mientras participaba de un mitin político.
Al respecto, la ley electoral contempla que, si un candidato fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza.
En este caso, si las papeletas de esta dignidad y para esta jurisdicción aún no han sido impresas, se imprimirán nuevas con la fotografía y el nombre del reemplazante.
Pero si han sido impresas, los votos que obtenga Farfán se computarán para el nuevo candidato.
El artículo 167 de la misma norma aclara que en caso de fallecimiento o ausencia definitiva de un alcalde electo antes de su posesión, asumirá sus funciones quien sea designado vicealcalde y, cualquiera sea la circunstancia, se respetará el principio de paridad, eligiendo entre los concejales a un hombre en caso de que la primera autoridad de la alcaldía sea mujer o, a una mujer, en caso de que sea hombre.
El consejero electoral Enrique Pita explicó en una entrevista radial que las papeletas electorales están listas, por lo que el 29 de noviembre el “electorado votará y decidirá. El problema será si un candidato gana, por cómo se resolverá su situación”.
La autoridad apuntó que el CNE está cumpliendo el Código de la Democracia. (I)
Fuente: El Universo