La tarde de este lunes, 9 de noviembre, un tribunal rechazó por unanimidad la acción de hábeas corpus presentada a favor de Luisa Magdalena González Alcívar, quien permanece con prisión preventiva por el caso Laberinto desde el 22 de octubre pasado.
En su decisión, emitida de manera oral, los jueces determinaron que no se demostró que la orden de prisión preventiva fuera ilegal o arbitraria, ni que existiera una vulneración constitucional al derecho a la libertad.
En general, la resolución respondió a tres argumentos planteados desde la defensa de González.
Desde la defensa, según el tribunal, se planteaba la supuesta falta de competencia de los jueces que ordenaron la privación de libertad, la insuficiente motivación de la prisión preventiva y el presunto incumplimiento de garantías constitucionales en su detención.
En torno al primer punto, la parte accionante argumentó que González y además su binomio Andrés Arauz gozaban de fuero de corte por su condición de voceros del movimiento Revolución Ciudadana, de oposición, conforme el artículo 388 del Código de la Democracia.
Sobre ello, el tribunal señaló que, según documento electoral que consta en el expediente, González figura como secretaria nacional de Asuntos Internacionales de la organización política para el periodo 2026-2028, sin que conste una nueva designación como vocera de la oposición.
A la par, los jueces consideraron la suspensión del movimiento político dispuesta por el órgano competente. Por esos detalles, los jueces descartaron que se hubiera demostrado la existencia del fuero alegado.
En el segundo argumento, los jueces determinaron que el hábeas corpus no puede revisar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía ni los requisitos establecidos para dictar prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto.
Estos cuestionamientos, según el tribunal, corresponden a la justicia penal ordinaria, a través de mecanismos de apelación o revocatoria de la medida cautelar.
En torno al tercer punto, el tribunal revisó las circunstancias de la detención realizada en Canuto, Manabí, en la madrugada del 22 de octubre. En su alegato, la defensa cuestionó el traslado a instalaciones policiales de Guayaquil.
Sobre ello, los jueces expusieron que González fue conducida a la Unidad Judicial de Flagrancia ubicada en el Cuartel Modelo para coordinar la audiencia de formulación de cargos y no para cumplir algún tipo de pena en una sede policial. Con base en estos razonamientos, el tribunal declaró improcedente la garantía constitucional.
Una vez dictada la resolución oralmente, la defensa de Luisa González, Diego Guarderas, anunció la presentación de un recurso de apelación, por considerar que los jueces no valoraron adecuadamente las pruebas e incorporaron argumentos ajenos al proceso.
El tribunal contempla notificar la sentencia escrita posteriormente a las partes procesales.
Por ahora, Luisa González deberá continuar en la cárcel de Riobamba. En el caso Laberinto, su defensa ya presentó un recurso de apelación y por ahora se espera que se fije fecha para la revisión de medidas.
En esa causa judicial, González es investigada por lavado de activos por presuntas irregularidades con los recursos que se manejaron en la campaña presidencial de 2023.
Fuente: El Universo
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