Mediante la construcción de nuevas cárceles, ejecución de operativos, la aprobación de reformas legales y capacitaciones sobre seguridad y tecnología, el Gobierno nacional busca reforzar el sistema penitenciario del país.
Actualmente, Ecuador cuenta con 36 centros de privación de libertad y una población penitenciaria de 39.453 personas, según cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
A esto se suma el ritmo de detenciones registrado durante 2026. En una entrevista con un medio digital, este viernes 30 de octubre, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que desde enero hasta esa fecha se ha detenido a 61.774 personas por diferentes delitos. En 2025, el año cerró con 74.000 detenidos.
Este incremento en las detenciones también plantea la necesidad de ampliar la capacidad del sistema penitenciario.
En ese sentido, Reimberg ha señalado que la construcción de nuevas cárceles es clave para fortalecer la infraestructura carcelaria del país.
De hecho, el pasado 16 de octubre, durante una entrevista con Ecuador TV, el ministro anunció que Ecuador contará con una nueva cárcel con capacidad para albergar a 15.000 personas privadas de libertad. Según explicó, la construcción estaría lista en un plazo de entre 15 y 16 meses.
En esa misma entrevista, Reimberg adelantó detalles del modelo penitenciario que el Gobierno busca implementar. Explicó que el establecimiento tendrá condiciones de seguridad similares a las de la Cárcel del Encuentro, pero incorporará un sistema de trabajo para las personas privadas de libertad.
Reimberg señaló que las personas privadas de libertad deberán realizar actividades laborales para contribuir a los gastos que genera su permanencia en prisión.
“En esta cárcel sí van a trabajar las personas que se encuentran privadas de la libertad para mantenerse”, manifestó. El ministro sostuvo que el objetivo es que los internos participen en el financiamiento de su estadía.
Según el funcionario, la construcción contempla 65 puntos que deben completarse antes de la entrega del establecimiento. De estos, aproximadamente 30 registran avances.
Reformas legales y clasificación penitenciaria
A la construcción de nuevos centros se suman los cambios normativos impulsados por el Gobierno. El 29 de abril de 2026 entró en vigencia la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario tras su publicación en el quinto suplemento del Registro Oficial (RO).
La normativa establece la clasificación de los centros de privación de libertad según su nivel de seguridad en tres categorías:
- Centros de máxima seguridad.
- Centros de media seguridad.
- Centros de mínima seguridad.
Asimismo, dispone la clasificación individual de las personas privadas de libertad, con la finalidad de determinar su ubicación en los distintos niveles de seguridad de las prisiones. Para ello, contempla tres categorías de riesgo:
- Riesgo alto.
- Riesgo medio.
- Riesgo bajo.
Entre las disposiciones de esta ley también consta la posibilidad de incorporar a policías y militares en servicio pasivo al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP), bajo determinados requisitos.
En este proceso se inscribieron 1.727 postulantes y 52 fueron seleccionados. Estos iniciaron 160 horas de formación especializada para incorporarse al sistema penitenciario. La convocatoria contempla una remuneración mensual de $ 1.212, bajo una jornada laboral especial, según los registros del portal en el que se realizó el proceso de inscripción.
Capacitación del personal penitenciario
Otro de los ejes planteados para fortalecer la seguridad en las cárceles es la capacitación de los servidores penitenciarios.
En ese contexto, el 12 de octubre se inauguró el Programa de Capacitación Continua Penitenciaria 2026, dirigido a 2.450 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a nivel nacional.
El programa se extenderá hasta diciembre de 2026 y contempla una carga de 50 horas académicas semanales.
Los contenidos comprenden actualización de conocimientos sobre normativa penitenciaria, instrucción formal, acondicionamiento físico y defensa personal, seguridad penitenciaria y procedimientos, así como protección de la escena del delito y levantamiento de indicios mediante cadena de custodia.
A estas actividades se suma la capacitación desarrollada durante el Foro Regional en Seguridad Penitenciaria, que se realizó del 16 al 18 de septiembre y reunió a expertos y representantes de Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Durante este encuentro también se reconoció el apoyo técnico de Italia, la Unión Europea y otros países amigos en el fortalecimiento de la gestión penitenciaria del país.
Nuevas restricciones para el ingreso de objetos a las cárceles
Como parte de las medidas para reforzar los controles dentro de los centros penitenciarios, el SNAI expidió una lista de los objetos que no podrán ingresar a las cárceles del país.
La disposición se publicó en el Registro Oficial el 26 de agosto de 2026.
La normativa distingue tres grupos de artículos: objetos prohibidos, bienes no autorizados y aquellos que pueden ingresar previa solicitud por escrito.
Entre los objetos prohibidos, cuya tenencia constituye un delito, constan bebidas alcohólicas, drogas, dinero, joyas o metales preciosos, armas, celulares o teléfonos satelitales y sus partes, municiones y explosivos.
En el grupo de bienes no autorizados, que no constituyen necesariamente un delito, pero cuyo ingreso está restringido, figuran tabaco, químicos, pegamento, objetos de valor, dispositivos de grabación, tarjetas, electrodomésticos, documentos bancarios, medicamentos sin receta y prendas de vestir que no cuenten con autorización.
Por otro lado, existen artículos que pueden ingresar mediante una solicitud previa por escrito. Entre ellos están los materiales de trabajo, estudio, cultura y deporte; elementos de salud con aval médico; cobijas, colchones, ropa y calzado conforme al uniforme permitido; vajilla y artículos para bebés en los centros donde conviven madres con hijos menores de 3 años.
Estas disposiciones se enmarcan en los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la seguridad penitenciaria, luego de varios años marcados por crisis carcelarias y hechos de violencia dentro de las prisiones.
Fuente: El Universo