Han pasado 28 años desde que el excolaborador planteó la demanda. Aún sus familiares padecen por no tener una respuesta de la empresa pública.
La falta de recursos económicos llevó a Jorge Henríquez a dejar su adorado Mocache, cantón de la provincia de Los Ríos, para probar “suerte” en Guayaquil.
Al llegar a esta ciudad no solo crio a sus hijos, sino que logró conseguir empleo en la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag).
Era operador en el Departamento de Acueductos. Su hijo Wilfrido Henríquez recuerda que visitaba a su padre cuando le entregaba el almuerzo.
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En aquella empresa Jorge estuvo laborando por 29 años y decidió renunciar el 24 de enero de 1995 para acogerse a varios beneficios del contrato colectivo y hasta un bono jubilatorio de 52 remuneraciones.
La cantidad que recibió, en ese entonces en sucres, no estaba completa y Jorge demandó a la compañía el 19 de febrero de 1997. De acuerdo con el juicio 75/97, faltaron valores por subsidios de antigüedad, bono jubilatorio, pensiones y subsidio de comisariato (que se daba a los trabajadores para que realicen compras).
Esta demanda Jorge la realizó en silencio. Su familia no lo sabía. El proceso continuó su marcha y lo ganó. Ya estaba con mandamiento de ejecución por la orden de un juez para su reliquidación.
Dieciocho años después, es decir, en 2015, la salud de Jorge empeoró por el cáncer de próstata y falleció sin cobrar la reliquidación. “Nosotros como hijos no sabíamos que había puesto esa demanda, parece que quería darle una especie de sorpresa a mi mamá en el momento que tenga el dinero”, intuye Wilfrido.
Una llamada que no esperaban
En 2016, ya un año después de la muerte del padre de Wilfrido, este recibe una llamada. Era el abogado de su padre, quien quería que la familia Henríquez firmara unos documentos.
“Quería que se acerque un familiar a firmar para recibir supuestamente cerca de $ 8.107,73 (que en ese entonces era la reliquidación). Si firmaba, accedía a que el abogado se lleve el 50 % por su trabajo”, relata Wilfrido lo que le dijo el abogado en una reunión en la que también había más trabajadores que luchaban por esta reliquidación contra Ecapag.
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Wilfrido no le dio seguimiento al tema y supo que el abogado abandonó el caso. Hasta que en 2023, su sobrino, al buscar otros datos en los procesos, quiso averiguar sobre el caso de su familiar.
“Ya faltaban meses para prescribir y pensé que se había perdido”, dice Wilfrido. Es cuando contactó al abogado Pedro Gutiérrez, quien detalla que el juicio con sentencia favorable para el demandante pasó por el juzgado laboral, Corte Provincial del Guayas y Corte Nacional. Solo faltaba que se ejecute el pago.
Derecho como herederos
En diciembre de 2023, según Gutiérrez, los hijos hicieron el trámite para ejercer sus derechos de herederos beneficiarios: Wilfrido, dos hermanos y su madre.
“Así como las deudas son hereditarias, esto también. Tenían que pagarle, pero él murió en el trámite y quienes asumen son los hijos. Los hijos tenemos la expectativa de heredar. Ellos adquieren los derechos hereditarios a través de la posesión efectiva. Entonces, en esa parte no tiene nada que discutir la empresa, porque son hijos y tienen el derecho”, argumenta el abogado de la familia.
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De acuerdo con el detalle de la sentencia, los valores a cancelar ya suman intereses generados. De $ 8.107.73 pasó a $ 25.808,04.
Estos son:
- Pensión jubilar de diciembre 2007 a marzo 2015 ($ 2.640).
- Decimotercera pensión de 2007 a 2015 proporcional ($ 250)
- Decimocuarta pensión de 2008 a 2015 ($ 2.226).
- Decimoquinta pensión de 2008 a 2015 ($ 20).
- Decimosexta pensión ($ 360).
- Subsidio de comisariato de diciembre de 2007 a marzo de 2015 ($ 4.400).
- Haberes liquidados en sentencia de fecha 21/01/2008 ($ 8.107.73)
- Intereses generados a la fecha ($ 7.804,31).
Esa cantidad, dice Wilfrido, le sirve para su madre y hermanos. Su madre camina apoyándose en un andador, aunque ella no está tan de acuerdo con seguir con el proceso, pues cree que no hay justicia.
“Como hijos le hacemos entender que no estamos pidiendo nada que nos regalen, son derechos ganados del señor padre y así como tenemos la obligación, en caso de que haya dejado deudas, hay una orden jurídica para recibir esa reliquidación”, expresa Wilfrido.
¿Qué pasa con Ecapag?
El 28 de septiembre de 2012 este Diario publicó que Ecapag, que se encargaba de regular y controlar la concesión del agua potable y el saneamiento en Guayaquil, fue remplazada por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag).
Esto ocurrió en la administración de Jaime Nebot, quien en ese entonces detalló que el trámite es interno y que las actividades de Ecapag continuarán bajo el nombre de la nueva empresa pública municipal.
Este Diario contactó al Municipio de Guayaquil para conocer el funcionamiento legal de Ecapag y en consecuencia una respuesta a la demanda laboral. El cabildo aclaró que Ecapag y Emapag EP “son instituciones distintas y legalmente independientes”.
Y que la persona encargada de responder a las demandas es Nancy Lluvi, procuradora judicial y apoderada de Ecapag.
Este Diario acudió a las oficinas de Lluvi, en la calle Chimborazo entre Clemente Ballén y Aguirre, en el centro de Guayaquil. La apoderada no se encontraba y su asistente recibió esta solicitud a través de correo electrónico. Hasta la publicación de este reportaje no respondió.
De acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), Ecapag mantiene su RUC activo y Lluvi es su representante legal. El inicio de las operaciones de esta compañía fue en agosto de 1994 y su última actualización en este sistema fue en agosto de 2024.
El abogado de la familia de Wilfrido entregó la sentencia a estas oficinas y tampoco hay una respuesta sobre el pago de más de $ 25.000 que debe hacer esta empresa a la cuenta de control de depósitos judiciales en BanEcuador.
Falta de liquidez
Según la rendición de cuentas de Ecapag de 2024, publicada en la cuenta de X (@EcapagGye), la empresa no tiene liquidez.
Esto le respondió a la ciudadana América Aguirre, quien acudió a esa rendición de cuentas. Ella preguntó: “¿Conozco que muchos trabajadores plantearon demandas laborales contra Ecapag y no han recibido su pago, ¿qué pasa con este tema?”. Y recibió esta respuesta: “La empresa pasa por una etapa de falta de liquidez. Siempre existe el compromiso de pago”.
El patrimonio acumulado de Ecapag es de $ 1,1 millones y cerró 2024 con una pérdida de $ 145.630,41, de acuerdo con el balance general.
El abogado Pedro Gutiérrez, ante lo que considera como “un silencio” por parte de la compañía, va a plantear un nuevo proceso por desacatado.
“Han incurrido en desacato, inobservancia e incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Esto ya entra en el campo penal”, señala.
El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
En tanto, Gutiérrez, en otros oficios, ya solicitó medidas como que el Ministerio del Trabajo registre el impedimento laboral al representante legal de la empresa Ecapag y el bloqueo y posterior retención de fondos. “El embargo financiero de las cuentas”, dice.
Por eso también se han emitido oficios de esta sentencia a la Superintendencia de Compañías.
Desde que Jorge Henríquez planteó la demanda han pasado 28 años y la familia, que es la heredera de esta reliquidación, espera que se reconozcan sus derechos. (I)
Fuente:El Universo