La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró 169 periodistas asesinados en México durante las últimas dos décadas y denunció que el 99 % de esos crímenes jamás logró esclarecerse por completo. Este panorama, según el informe, obedece a deficiencias judiciales, falta de protección estatal y redes de complicidad con el crimen organizado. La cifra representa un promedio de ocho homicidios de comunicadores por año.
Al presentar el monitoreo sobre estos asesinatos, Reporteros Sin Fronteras exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a adoptar “con carácter de urgencia” todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los periodistas. La agrupación calificó el contexto como de impunidad prácticamente absoluta.
El documento precisa que apenas menos del 1 % de los casos se resolvió completamente. En dos décadas, 168 asesinatos no permitieron identificar al autor intelectual ni determinar el móvil del crimen, según la información proporcionada por la organización internacional.
RSF apuntó a los cárteles y otros grupos del crimen organizado como los principales responsables de la mayoría de estos homicidios. A su vez, advirtió que atribuirles los hechos sin asignar recursos para detenerlos ni desmantelar las redes que los protegían también comprometió la responsabilidad del Estado mexicano.
Vínculo con una gobernanza criminal
Artur Romeu, director de RSF para América Latina, señaló que desde hace veinte años los periodistas mexicanos fueron considerados una amenaza por “un entramado de gobernanza criminal”. La organización calificó esta violencia como la serie más prolongada de asesinatos contra profesionales de la información en un país en paz durante el siglo XXI.
“Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia”, declaró Romeu en el comunicado.
El director regional también vinculó estas muertes con el funcionamiento del sistema de justicia. “Es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas”, sostuvo.
RSF indicó que en varios expedientes los cárteles aparecen señalados como responsables e incluso reivindicaron los homicidios. En otros casos existen indicios de una posible participación de estas estructuras criminales, sin que las investigaciones hayan logrado establecer todas las responsabilidades.
Fallas desde el inicio de las indagaciones, según Propuesta Cívica
El informe de RSF retomó el trabajo de Propuesta Cívica, organización mexicana defensora de la libertad de expresión que brindó apoyo a las familias de periodistas asesinados y colaboró con el organismo internacional en México. La agrupación documentó irregularidades en las primeras etapas de las investigaciones, momentos clave para definir las posibilidades de esclarecer los crímenes.
Entre los problemas detectados se encuentran:
- Pérdida o conservación inadecuada de pruebas.
- Líneas de investigación incompletas.
- Falta de análisis del contexto.
- Coordinación deficiente entre autoridades.
- Ausencia de voluntad política en numerosos casos.
Estas fallas ocurrieron antes de que las investigaciones pudieran establecer el móvil o identificar a todos los responsables.
El reporte reconoció que México cuenta desde 2006 con una unidad especializada para investigar delitos contra periodistas. Su mandato se amplió en 2010, cuando dio origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
También existe desde 2012 un mecanismo federal de protección destinado a reforzar la seguridad de los comunicadores. Al 31 de agosto de 2026, 701 periodistas estaban incorporados a ese esquema, según datos del Gobierno mexicano.
RSF destacó que las condenas por asesinatos de periodistas aumentaron desde la creación de la Feadle. Entre 2006 y 2016 se dictaron cinco sentencias, mientras que en la década siguiente se registraron al menos 33 condenas.
No obstante, este avance en las sentencias no modificó el alto nivel de impunidad descrito en el monitoreo. En total, 21 casos fueron esclarecidos de manera parcial.
Fuente: Infobae