La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), a través del asambleísta Andrés Castillo, solicitará al pleno de la Asamblea Nacional que inicie un proceso de fiscalización sobre el caso denominado Vacunas, relacionado con presuntos cobros indebidos a funcionarios del Municipio de Quito.
La iniciativa contempla solicitar la intervención del Ministerio del Trabajo para que investigue las circunstancias laborales en las que se habrían producido estos hechos.
El pedido será presentado este jueves, 22 de octubre, mediante un cambio en el orden del día de la sesión 133 de la Asamblea Nacional, convocada para las 10:00. El objetivo es recabar, analizar y contrastar la información y documentación generada por la autoridad laboral sobre los presuntos aportes económicos indebidos que habrían realizado servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.
La iniciativa surge después de que el activista político Juan Esteban Guarderas formalizara, el pasado lunes, 19 de octubre, una denuncia penal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por el presunto delito de concusión, en el marco de las denuncias sobre supuestos cobros de ‘vacunas’ a funcionarios municipales.
Según el denunciante y su abogado, existirían testimonios, conversaciones de chat y grabaciones que apuntarían a que los recursos presuntamente recaudados habrían sido destinados a financiar la campaña de reelección del alcalde. Estas afirmaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
El trámite en la Asamblea
Para que la propuesta avance, el cambio en el orden del día deberá ser sometido a consideración del pleno. Si se incorpora el punto, los legisladores debatirán la iniciativa y deberán votar una resolución que disponga el trámite de fiscalización. Para su aprobación se requieren 77 votos, equivalentes a la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.
Castillo sostuvo que la investigación debe avanzar y advirtió sobre la gravedad de que se institucionalicen presuntos cobros a los trabajadores a cambio de mantener sus puestos de trabajo.
“Dudo que sea solamente en la empresa de pasajeros del Municipio, porque cada día sale un testigo nuevo. Cada día sale una víctima nueva. Cada día sale una denuncia nueva. Y cuando esto no se aclara, llega un momento en que la opacidad le gana a cualquier argumento”, manifestó.
El legislador también exhortó al Concejo Metropolitano de Quito a asumir su responsabilidad y fiscalizar los hechos denunciados. Aseguró que, desde la Asamblea Nacional, ADN dará seguimiento al caso.
Como parte de la iniciativa, Castillo solicitará la intervención del Ministerio del Trabajo para que examine las condiciones laborales de los funcionarios presuntamente afectados, los roles de pago y los posibles descuentos o aportes exigidos.
“Es un atentado contra los trabajadores, porque se les estaría extorsionando y obligando a pagar una cuota a cambio de su puesto de trabajo. Y eso no puede ser”, señaló.
El asambleísta afirmó que impulsará las acciones de fiscalización que correspondan a sus competencias y pidió determinar el alcance de los presuntos cobros, así como identificar a las personas involucradas.
Además, hizo un llamado a los posibles afectados para que denuncien los hechos sin temor. Aseguró que contarán con respaldo de la Asamblea Nacional y de la ciudadanía, y advirtió que este tipo de escándalos perjudica la imagen institucional y la confianza pública.
Frente a los cuestionamientos de sectores de oposición que sostienen que la denuncia buscaría afectar una eventual candidatura a la reelección de Muñoz, Castillo respondió que el caso debe investigarse sin interferencias políticas.
“Que se investigue, que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer, el Municipio haga lo que tiene que hacer y nosotros en la Asamblea Nacional seguiremos avanzando en la investigación del lado de lo laboral”, afirmó.
El legislador también cuestionó que, según las denuncias, los presuntos cobros se habrían realizado desde 2024 para financiar una campaña electoral prevista para 2026.
ADN advierte de posibles casos en otras entidades públicas
Por su parte, el asambleísta Xavier Ordóñez, también de ADN, señaló que el caso será tratado en la Asamblea Nacional y expresó su expectativa de que la propuesta sea votada y aprobada este jueves.
Ordóñez adelantó que trabaja con su equipo en la recopilación de información sobre otras presuntas irregularidades que, según indicó, no se limitarían al Municipio de Quito. Aseguró que a su despacho han llegado denuncias relacionadas con otras empresas públicas e incluso con el Consejo Provincial de Pichincha.
El legislador afirmó que, una vez que reúna los elementos de respaldo, presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes por un presunto caso relacionado con el Consejo Provincial de Pichincha.
Según Ordóñez, habría personas que entregaron hasta cuatro meses completos de su sueldo como aportes bajo la expectativa de que posteriormente se les comprara la renuncia y se les devolviera el dinero entregado, una práctica que, de comprobarse, podría convertir estos pagos en un mecanismo irregular de recaudación.
Añadió que en otras empresas públicas se repetiría un esquema similar, caracterizado por presuntos requerimientos económicos bajo presión.
Ordóñez anunció que, una vez recopiladas las pruebas, acudirá a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía para que se investiguen los hechos.
La eventual aprobación de la resolución legislativa abriría un nuevo frente de fiscalización sobre las denuncias de presuntos cobros a funcionarios públicos del Municipio de Quito. (I)
Fuente: El Universo