Desde que Australia se convirtió en diciembre de 2025 en la primera nación en vetar las plataformas digitales para menores de 16 años, más de 20 países han implementado o propuesto restricciones similares. Sin embargo, las primeras evidencias sobre su efectividad sugieren que estas medidas no están logrando los resultados esperados, según advierte Ari Lightman, profesor de medios digitales y marketing de la Universidad Carnegie Mellon.
La ola regulatoria alcanza a naciones tan diversas como Grecia, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Francia, y coincide con sanciones económicas históricas contra las grandes tecnológicas. Desde marzo de 2026, YouTube y Meta —propietaria de Instagram y Facebook— han desembolsado o acordado indemnizaciones por más de 17.000 millones de dólares en múltiples litigios. El caso más destacado fue el acuerdo de Meta con 48 estados de Estados Unidos, que obliga a la compañía a pagar hasta 17.000 millones en una década e implementar cambios como límites de tiempo diarios para usuarios menores de 18 años, que solo los padres pueden desactivar, y bloqueos nocturnos por defecto.
En un juicio previo, en marzo, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube culpables de negligencia por diseñar productos adictivos y los condenó a pagar 6 millones de dólares a una joven que desarrolló depresión, ansiedad e ideación suicida tras años de uso compulsivo.
Las regulaciones vigentes y las propuestas legislativas varían en la edad mínima, las normas de consentimiento parental y los métodos de verificación. La mayoría se enfoca en plataformas como Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X, y casi todos los gobiernos mencionan la salud mental de los jóvenes como justificación central, aunque algunas prohibiciones responden también a preocupaciones sobre privacidad o propiedad extranjera de las plataformas.
Duplican las probabilidades de trastornos mentales
El debate se enmarca en una crisis documentada. Un estudio publicado en 2026 en el Canadian Medical Association Journal, liderado por Daniel Myran de la Universidad de Ottawa, analizó más de 12 millones de registros de salud mental en Canadá y concluyó que los jóvenes de entre 14 y 20 años tienen un 104 % más de probabilidades de padecer una enfermedad mental grave que los de la misma franja etaria hace 50 años.
A esto se suma un metaanálisis de 2021 publicado en JAMA Pediatrics, que revisó 29 estudios con 80.879 participantes y estimó que, a escala global, el 20,5 % de los jóvenes presentaban síntomas elevados de ansiedad y el 25,2 % reportaban síntomas elevados de depresión, cifras que duplicaban las mediciones prepandémicas.
El libro The Anxious Generation (2024), del psicólogo social Jonathan Haidt, fue uno de los catalizadores del movimiento legislativo. Haidt argumenta que las redes sociales interfieren con el desarrollo social y neurológico de los niños y contribuyen al aumento de ansiedad y depresión a través de la falta de sueño, la atención fragmentada, la adicción, la soledad, la comparación social y el perfeccionismo. Sin embargo, múltiples factores confluyen en la crisis: una mejor detección de los trastornos, las alteraciones sociales derivadas de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento que produjo el confinamiento masivo.
Lightman se muestra escéptico ante las prohibiciones.
“No estoy convencido de que prohibir las plataformas de redes sociales sea una solución eficaz a la crisis de salud mental que sufren los jóvenes hoy en día”, escribe el profesor.
Algunos investigadores comparan las restricciones con las que existen para la compra de alcohol o cigarrillos, pero Lightman subraya que las redes sociales tienen beneficios que esas sustancias no ofrecen: permiten la conectividad global, la creación de comunidades entre personas afines, la autoexpresión y la participación cívica.
Una encuesta del Pew Research Center de 2022, realizada a 1.316 adolescentes estadounidenses, encontró que el 80 % afirmó que las redes sociales los ayudan a sentirse más conectados con lo que sucede en la vida de sus amigos. A pesar de estas señales, no existe prueba concluyente de que el uso de estas plataformas sea la causa principal de los problemas de salud mental juveniles.
La experiencia australiana: evasión masiva
La evidencia temprana de Australia, el país con la prohibición más avanzada, pone en duda la viabilidad de estas medidas. Un sondeo de la Molly Rose Foundation, realizado en marzo de 2026 a 1.050 australianos de entre 12 y 15 años, reveló que el 61 % de quienes tenían cuentas en plataformas restringidas seguía accediendo a al menos una de ellas.
El 70 % de esos menores dijo que eludir la prohibición fue “fácil”. Los métodos incluyen:
- Identidades falsas y manipulación del año de nacimiento.
- Uso de VPN (redes privadas virtuales).
- Maquillaje para engañar a los sistemas de estimación de edad biométrica.
- Sustitución de fotos por imágenes de famosos.
- Recurso a amigos mayores o familiares para superar las “pruebas de selfie”.
El informe de cumplimiento del comisionado australiano de seguridad digital (eSafety), publicado también en marzo de 2026, confirmó la tendencia: 7 de cada 10 menores que tenían cuentas en plataformas restringidas seguían usándolas, y más del 80 % de los adolescentes australianos de 10 a 15 años continuaban en redes sociales con frecuencia. Aunque se desactivaron alrededor de 4,7 millones de cuentas, la principal razón de que los menores conservaran las suyas fue que las plataformas aún no les habían pedido verificar su edad.
En el Reino Unido, la situación generó un debate paralelo: ante la facilidad con la que los jóvenes utilizan VPN para sortear las restricciones, legisladores británicos discuten la posibilidad de restringir el acceso de los consumidores a estas herramientas. Algunos legisladores también advierten que las prohibiciones totales podrían empujar a los menores hacia espacios en línea aún más riesgosos y menos regulados. Todos los sistemas de verificación de edad, ya sean gestionados por los gobiernos o por las propias plataformas, implican la recopilación de datos sensibles, lo que plantea inquietudes adicionales sobre la privacidad de los menores.
Lección del tabaco: los fondos no llegan a su destino
La comparación con la industria tabacalera resulta pertinente en un aspecto concreto: el destino de los fondos. En 1998, los estados de Estados Unidos llegaron a un acuerdo extrajudicial con las principales tabacaleras para recuperar costos de atención médica. Parte de esa indemnización se asignó a programas de prevención del tabaquismo juvenil, pero según el informe anual de la Campaign for Tobacco-Free Kids, en 2026 la financiación estatal destinada a esos programas apenas equivale al 3,4 % de los 21.700 millones de dólares que los estados recaudarán este año por acuerdos tabacaleros e impuestos al tabaco.
El patrón podría repetirse con el acuerdo de Meta. Parte de los 17.000 millones está destinada a programas de infraestructura de salud mental, iniciativas escolares y comunitarias, y campañas de salud pública. Sin embargo, no existen mecanismos de supervisión ni directrices vinculantes sobre cómo deben utilizar los estados esos recursos, ni sistemas para evaluar si el dinero mejoró efectivamente la atención a la salud mental, la seguridad y el bienestar de los niños.
Estándares de seguridad, no prohibiciones
Lightman plantea una alternativa. En lugar de prohibiciones totales, el profesor de Carnegie Mellon sostiene que la salud mental de los menores se beneficiaría más si los gobiernos impusieran estándares de seguridad por defecto en las plataformas. Esto implicaría que las opciones de privacidad y seguridad más estrictas estuvieran activadas automáticamente: cuentas no visibles por defecto, límites a la manipulación algorítmica y restricción de los mecanismos adictivos que pueden causar daño psicológico en poblaciones vulnerables.
A esa línea de acción, Lightman suma otras medidas: educación en alfabetización digital y seguridad en línea, tiempo garantizado sin pantallas, y vías claras, accesibles y asequibles para que los padres puedan conectar a sus hijos con servicios de apoyo a la salud mental cuando detecten señales de un problema, algo que reconoce “actualmente no está disponible en la mayoría de los lugares”.
Las Naciones Unidas recomiendan incluir a los propios niños en el diálogo sobre lo que es mejor para ellos en el entorno digital: no se trata de ponerlos al frente de agencias reguladoras, sino de que sus perspectivas sobre lo que valoran de la vida en línea y lo que les dificulta dejar las pantallas sirvan para reformar tanto las plataformas como los programas educativos. Con más de 20 países legislando en la materia y pruebas preliminares que cuestionan la eficacia de las prohibiciones, la pregunta sigue abierta: prohibir el acceso puede ser una declaración de intenciones, pero convertirla en una mejora real de la salud mental juvenil requerirá un enfoque más complejo que el simple veto.
Fuente: Infobae