La organización Human Rights Watch (HRW) ha presentado una grave denuncia contra el Ejército de Malí y el grupo paramilitar ruso Africa Corps, señalándolos por la muerte y lesiones de numerosos civiles en ataques con drones y operativos de detención. Al mismo tiempo, la ONG acusó a combatientes islamistas y separatistas de torturar y ejecutar a soldados malienses capturados.
«El Ejército maliense, los grupos armados y las fuerzas insurgentes están cometiendo graves violaciones de las leyes de la guerra, mientras los gobiernos y las organizaciones internacionales permanecen, en gran medida, como meros espectadores», declaró Ilaria Allegrozzi, investigadora de HRW para la región del Sahel.
Ataques con drones y violencia armada
HRW afirmó haber documentado dos ataques con drones calificados como «aparentemente indiscriminados» por parte de las autoridades malienses. El primero ocurrió el 29 de julio en la aldea de Talahandak, en la región norteña de Kidal, donde un centro de salud resultó parcialmente destruido. El segundo, el 19 de agosto en un mercado de Tombonkore, en la región central de Bandiagara, causó la muerte de seis civiles y heridas a al menos otras 20 personas. Además, el 12 de julio, soldados malienses mataron a tiros a cinco niñas durante una operación contrainsurgente en la región central de Ségou.
Paralelamente, la ONG sostiene que la filial de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), junto con combatientes separatistas del Frente de Liberación de Azawad (FLA), atacaron un convoy militar el 18 de julio en la región de Gao. Tras el ataque, «torturaron y ejecutaron a al menos 19 soldados malienses» capturados.
Contexto de creciente violencia
Estos incidentes se enmarcan en una escalada de hostilidades desde que el 25 de abril el JNIM lanzara ataques coordinados en todo Malí junto con el FLA, con el objetivo de derrocar a la junta militar encabezada por el general Assimi Goïta y respaldada por Africa Corps. En respuesta, las Fuerzas Armadas malienses y sus aliados realizaron ataques aéreos que dejaron víctimas civiles, así como represalias contra comunidades étnicas acusadas de colaborar con los insurgentes.
La organización también indicó que tanto el JNIM como el FLA reivindicaron el ataque del 18 de julio contra un convoy del ejército maliense y de Africa Corps en Tabrichat, en la región de Gao.
«Aunque la matanza de cautivos en Tabrichat (…) efectivamente tuvo lugar, nosotros no dimos la orden; no porque no esté permitido en nuestra religión, sino porque consideramos que, por conveniencia, era mejor no intervenir», afirmó el Comité de la Sharia del JNIM en una respuesta enviada a Human Rights Watch el 30 de septiembre. «Aunque no ordenamos a nuestras tropas cometer tales actos y no es nuestra política proceder de esa manera, lo que hicieron no viola nuestra Sharia hasta el punto de que consideremos necesario exigirles responsabilidades o castigarlos», añadió el órgano.
Por su parte, el portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, declaró el 20 de septiembre a HRW que «reconoce que el 18 de julio se produjeron enfrentamientos armados en Tabrichat entre sus fuerzas y las del ejército maliense junto a sus aliados rusos del Africa Corps». No obstante, «rechaza categóricamente cualquier acusación de que sus fuerzas llevaran a cabo la ejecución» de soldados malienses. «El FLA ha realizado, y seguirá realizando… investigaciones internas sobre cualquier (…) violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de algunos de sus miembros (…) especialmente aquellos que estuvieron en Tabrichat», reza el texto recogido por la ONG.
Ante este panorama, la investigadora Ilaria Allegrozzi instó al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) a respaldar sus compromisos de protección a civiles en Malí con medidas concretas e informes públicos periódicos. «Debería instar a las autoridades malienses a llevar a cabo investigaciones independientes sobre los abusos cometidos tanto por el ejército maliense y sus aliados como por las fuerzas de oposición, y ofrecer el apoyo de expertos en Derechos Humanos de la UA para dichas investigaciones», manifestó.
Fuente: Infobae