El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea dio luz verde este martes a la eliminación de las restricciones impuestas a Hungría por sus deficiencias en el Estado de Derecho. La medida permitirá liberar 4.200 millones de euros en fondos comunitarios que estaban congelados, además de restablecer el acceso de todas las universidades húngaras a los programas Erasmus+ y Horizonte Europa, según informó la representación diplomática del país ante el bloque.
La votación se realizó durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales, donde el secretario de Estado András Bíró-Nagy representó a Hungría. Con esta decisión se retiran las sanciones impuestas para proteger el presupuesto europeo ante los problemas detectados en el país centro europeo.
Un nuevo capítulo para Europa
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el acuerdo unánime de los Veintisiete, que respalda la propuesta presentada previamente por el Ejecutivo comunitario. Von der Leyen aseguró que esta resolución marca “un nuevo capítulo tanto para Hungría como para Europa”.
“Celebro sinceramente la decisión del Consejo de adoptar nuestra propuesta”, señaló la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje difundido a través de redes sociales.
La Comisión Europea llegó a esta conclusión tras evaluar las medidas notificadas por las autoridades húngaras el 9 de septiembre. Bruselas consideró que el país había subsanado los problemas en áreas clave como:
- Contratación pública
- Lucha contra la corrupción
- Conflictos de intereses
- Actuación de la Fiscalía
Entre los cambios introducidos, Bruselas destacó el refuerzo de las competencias de la Autoridad de Integridad, las nuevas exigencias de transparencia en las declaraciones patrimoniales y en la contratación pública, así como la ampliación de los mecanismos de revisión judicial de las decisiones de las autoridades de investigación y de la Fiscalía.
A estas reformas se suma la adhesión de Hungría a la Fiscalía Europea, que el Ejecutivo comunitario consideró otro avance para reforzar los controles sobre el uso de los recursos de la UE y prevenir posibles irregularidades.
Con esta evaluación, Bruselas concluyó que ya no se cumplían las condiciones que justificaban mantener las medidas adoptadas en virtud del Reglamento de Condicionalidad, el mecanismo que permite suspender financiación comunitaria cuando las vulneraciones del Estado de Derecho amenazan los intereses financieros de la Unión.
Fuente: Infobae