La transformación digital de Ecuador avanza en múltiples frentes para cerrar la brecha tecnológica y dinamizar la economía.
El viceministro de Tecnología de Información y Comunicación, Ricardo Gutiérrez Cevallos, detalla avances en la red de puntos digitales gratuitos. Anticipa el lanzamiento de una estrategia de comercio digital y explica algunas implicaciones de la renovación de contratos con las operadoras privadas, que se firmaron en octubre de 2025.
¿Cuántos puntos digitales existen?
Tenemos una red de 1.012 puntos digitales gratuitos, distribuidos en las 24 provincias. Al 30 de abril de este año reportábamos más de 13 millones de visitas y más de 800.000 capacitaciones. El proyecto que involucra a Costa, Sierra y Amazonía culminó el 30 de abril del 2026. Suscribimos un nuevo convenio a partir del 1 de mayo, para impulsar este proyecto y que continúe hasta el 2030.
¿Qué involucra el nuevo convenio?
Repotenciar equipos obsoletos y mobiliario que ya está en desuso. Adicional, implementar 175 nuevos puntos digitales gratuitos.
¿Dónde estarían ubicados los nuevos puntos y qué inversión requeriría?
El total del convenio, la repotenciación, mantener los 1.012 puntos distales gratuitos, más los 175 nuevos puntos, son más de $ 60 millones hasta 2030.
¿Qué han podido avanzar este año?
Tenemos una meta que esperamos cumplirla hasta fin de diciembre. Tenemos planificado implementar 22 nuevos puntos digitales. Estamos haciendo las acciones de compra y de conectividad para poder llegar a la meta.
Hacemos una validación de los requisitos o los requerimientos que nos hacen los ciudadanos. Generalmente, nos están haciendo requerimientos de las juntas parroquiales, de algunos gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Nuestra principal prioridad es que exista al menos un punto digital gratuito en cada parroquia.
¿Cuáles son los servicios más utilizados?
Va a depender mucho de las necesidades de cada localidad. Me ha tocado ir a lugares donde, por ejemplo, la agricultura es muy fuerte dentro de esa comunidad y utilizan los puntos digitales para emprendimientos, para poder comercializar sus productos a través de la creación de páginas web, de redes sociales. Hay otros puntos que están ubicados cerca de unidades educativas; los estudiantes van a los puntos digitales a hacer sus tareas.
¿Eso les da pautas para otro tipo de convenios que puedan potenciar a los agricultores y el comercio electrónico?
Manejamos una política pública de transformación digital, donde uno de los ejes es el comercio electrónico/digital. Próximamente vamos a expedir la estrategia de comercio digital. Y tenemos una línea de acción específicamente de los puntos digitales gratuitos.
Queremos que donde se desarrollan esos pequeños emprendedores, finalmente, terminar cerrando el ciclo. ¿Cómo? Cuando ya ellos pueden vender sus productos en línea. Es un match entre dos grandes programas que impulsamos en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología con la finalidad de dinamizar la economía.
¿Cuáles son los ejes de esa estrategia?
Tratamos de que el e-commerce en Ecuador se pueda masificar, también a nivel internacional. Existe un programa, por ejemplo, Exporta Fácil, que estaba dedicado netamente para pequeños empresarios. Queremos fomentar esa iniciativa para mejorar el proceso de exportación; y a nivel local masificar el comercio electrónico.
¿Cuándo la presentarían?
Está en revisión en este momento. Esperamos que sea en diciembre que podamos hacer el lanzamiento oficial.
¿Qué avances hay en la implementación de la política de transformación digital?
Dentro de la política pública de transformación digital tenemos ocho dimensiones. En infraestructura digital hemos avanzado enormemente en los últimos 34 meses, principalmente con hitos como el cierre de negociación de la concesión con las operadoras privadas (telefónicas), donde, a partir de la seguridad jurídica que se dio a las operadoras, se han generado inversiones por más de $ 1.050 millones y que han desembarcado en tener una mejor cobertura y mejor calidad hacia los usuarios.
La recaudación fue de $ 1.560 millones hasta 2038. Adicional a eso, cuando ya existe esta seguridad jurídica, la empresa dice: bueno, Ecuador me está dando esta seguridad, voy a invertir.
Tigo, que agrandó su marca hace poco, indicó que va a invertir $ 460 millones adicionales para mejorar su red, que es directamente un beneficio hacia el usuario. Y Claro tenía pactados $ 600 millones en tres años, lo van a hacer en dos años, para poder mejorar cobertura y calidad.
Adicional a eso, también logramos negociar techos tarifarios. ¿Qué significa eso? Que estas inversiones que tienen las operadoras privadas no van a significar que le va a subir el costo del servicio al usuario. Hay un techo tarifario que se ha negociado y con esto garantizamos que el servicio no tenga un incremento.
¿Qué implicaciones tiene el techo tarifario y cuáles son los beneficios?
A nivel de datos y a nivel de voz, se manejó a través de una consultoría cuál sería el techo máximo en el cual los planes de los operadores pueden circunscribirse. De esa manera, estamos garantizando que el día de mañana no exista un aumento discriminado de los precios que afecte directamente al bolsillo del ciudadano.
Está dentro de las negociaciones. Es un requisito, una cláusula que tiene que cumplirse.
¿Cómo sería?
Existen varios planes y, dependiendo de los planes, van a establecer las ventajas. Lo que se hizo fue: al mega colocarle un valor específico y también así al minuto de voz, por ejemplo, un valor específico que está directamente en los pliegos del contrato.
Esto (análisis) fue a través de una consultoría que solicitó la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel). Y luego de tener estos resultados, llevaron a las mesas de negociación, en donde establecieron, como preámbulo, poder colocar esto dentro de las cláusulas para poder proteger al usuario.
¿Al fijar techos se evita que los precios de los servicios se disparen?
Esa es la idea, porque sabíamos que las operadoras tienen que hacer una operación cuantiosa en torno al pago del valor del espectro radioeléctrico. Y venía otro valor adicional, ellos tienen que competir dentro del mercado.
Estos valores son bastante altos y lo que queríamos es prevenir que el día de mañana les puedan transferir este valor al usuario, porque en lugar de mejorar el acceso, vamos a generar más brechas de uso.
A su llegada al país Tigo no cambió los precios a los usuarios. ¿Esto se enmarca dentro de lo que indica?
Nosotros pedimos todo eso. De hecho, uno los puntos claves que se requerían para que Tigo finalmente adquiera las marcas Movistar y Tuenti era que se cerraran los contratos de negociación (con el Estado), para que ellos supieran cuáles eran las cláusulas que habíamos negociado como Gobierno y si estaban de acuerdo o no. Nosotros, como Ecuador, como Gobierno, siempre vamos a ver el beneficio de los usuarios.
¿Qué refleja esto en cuanto a Ecuador como un país destino de inversiones?
Hay que hacer un antes y un después. Las conversaciones para la renovación de los contratos de concesión comenzaron en 2018. Estamos hablando de varios años en los que no pudieron destrabar un tema que era tan importante.
Las operadoras, al tener contratos prorrogados, no tenían seguridad jurídica. Entonces, yo no iba, como operadora, a hacer inversión. ¿Para qué voy a invertir? Si no invierto, estanqué totalmente el sector. No mejoré servicio, no mejoré la calidad.
Tuvimos seis años detenido el sector, porque no solo se mueve el tema móvil, sino que se mueven los proveedores de servicio de telecomunicaciones, los proveedores minoristas. Todo el ecosistema digital se movía.
Ecuador, al destrabar este proceso, realmente lo que generó fue una seguridad jurídica y mandó un mensaje al exterior diciendo ‘el Gobierno del presidente Daniel Noboa apuesta por la inversión’, y lo hacemos de la mejor manera para poder garantizar beneficios a los ciudadanos. (I)
Fuente: El universo