Durante los últimos meses, el presidente Abdelmadjid Tebboune ha impulsado con fuerza la idea de restablecer la pena de muerte en Argelia. Aunque legalmente nunca fue abolida, en la práctica las ejecuciones estaban suspendidas desde 1993. Ahora, dos graves problemas nacionales —los incendios forestales y el narcotráfico— han motivado un cambio radical que ya tiene consecuencias concretas: nueve personas han sido sentenciadas a morir.
Hasta hace un año, el tráfico de drogas no era castigado con la pena capital. Tebboune busca fortalecer la seguridad del país y, pese a las críticas internacionales de organizaciones como Amnistía Internacional, no ha dudado en devolver a los jueces la facultad de decidir sobre la vida de un acusado. Además, este verano anunció la creación de una cárcel de alta seguridad en el desierto del Sáhara, destinada exclusivamente a narcotraficantes.
Nueve condenas a muerte
El Tribunal Penal de Argel dictó el lunes nueve sentencias de muerte por tráfico de drogas, las primeras aplicadas bajo la Ley 25-03, aprobada el 1 de julio de 2025. De los condenados, tres estaban presentes en la audiencia y seis fueron juzgados en ausencia. El caso involucra el tráfico de 113 kilogramos de cocaína y 225.030 comprimidos de pregabalina, según informó el Consejo Judicial de Argel.
Los acusados enfrentaron cargos por “importación, transporte, envío y almacenamiento con fines de venta de drogas duras y sustancias psicotrópicas”, dentro de “una organización criminal” que, según la acusación, buscaba “atentar contra la seguridad nacional y perturbar el orden y la seguridad públicos”. La causa también incluyó imputaciones por “contrabando, usurpación de identidad, inmigración ilegal, estancia irregular y blanqueo de dinero”.
Amnistía Internacional pidió frenar la pena de muerte
Amnistía Internacional solicitó al Consejo de la Nación de Argelia, días antes de esta sentencia, que rechazara una reforma del Código Penal que ampliaba los delitos castigados con pena capital, después de más de 30 años sin ejecuciones. La organización cuestionó la aprobación de las enmiendas en la Asamblea Nacional Popular. Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, calificó la medida como “un tremendo revés para los derechos humanos” y señaló que vulnera las obligaciones internacionales de Argelia.
La iniciativa surgió un mes después de los incendios forestales que afectaron el noreste del país entre el 26 y el 30 de agosto. Tras esos siniestros, el presidente Tebboune ordenó reformar el Código Penal para “restaurar” la pena capital en casos de incendio provocado. Según Amnistía, las enmiendas prevén esa sanción para conductas de definición amplia, como “instigar, promover o facilitar” incendios, incluso a través de redes sociales. También contemplan la pena de muerte por secuestro, tortura y agresión sexual contra menores, junto al narcotráfico. “La trágica pérdida de vidas que causaron [los incendios] no puede servir para justificar más pérdida de vidas”, afirmó Eltahawy.
Fuente: Infobae