El Gobierno de Daniel Noboa encabeza un campaña política en contra de los nueve magistrados, que deben calificar la vía para ir a una consulta popular.
Un proceso de ‘desprestigio’ a la Corte Constitucional (CC) y sus miembros es la última acción que marcó la gestión de Daniel Noboa de estas últimas dos semanas, generando preocupación en la comunidad internacional y también en sectores sociales, que creen que en Ecuador se camina hacia una “acumulación de poder” alrededor de la figura presidencial.
En los veinte meses de gestión del presidente de la República, Daniel Noboa, una de sus estrategias para minar la credibilidad de sus opositores a su favor ha sido ‘desacreditar’ a quienes integraban el anterior periodo de la Asamblea Nacional, que presidió Henry Kronfle, a la que apodó como la “vieja política”.
También se ha enfocado en los jueces y fiscales y, en la víspera, al órgano de última instancia de control constitucional, los jueces de la CC.
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“Quiero paz; por lo tanto, debo eliminar a los que actúan distinto. Quiero un pueblo unido; por lo tanto, hay que silenciar a los disidentes”: es la frase de un artículo de opinión de un portal extranjero que se difundió en la cuenta de red social X del juez constitucional Alí Lozada, un día antes de la protesta que lideró el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de sus ocho colegas.
El post no aludía a ningún evento, pero el 12 de agosto de 2025 en Quito se vivió un fenómeno poco usual. La sociedad civil no era la que protestaba en contra del Gobierno y las autoridades.
Era Daniel Noboa el que estaba en la primera fila de una manifestación en contra de los nueve jueces para rechazar su decisión de admitir a trámite varias demandas de inconstitucionalidad en contra de tres leyes que aprobó su bancada legislativa, Acción Democrática Nacional (ADN).
En la marcha se abucheó a los jueces con cartelones gigantes exponiendo sus caras; los acusaban de corruptos o de ‘narcos’.
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Esta campaña contra la CC arrancó oficialmente el 4 de agosto, con un mensaje de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y del presidente de la Asamblea Nacional, el empresario Niels Olsen, en el que acusaron a los jueces de proteger a los criminales.
Rovira, que llegó a ser defensora del Pueblo subrogante, los señaló como “enemigos de la ciudadanía”.
Los acusaron de ocultar sus caras, de esconderse detrás de boletines de prensa, de dar “vacaciones” a los líderes de los grupos armados organizados (GAO) y de impedir que se revisen las cuentas financieras de los delincuentes, según el ministro del Interior, John Reimberg.
Desde entonces, han sido catorce días de una operación de cuestionamientos a la Corte en varios medios de comunicación afines al régimen.
Esto generó rechazo en organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Human Right Watch (HRW).
Una expresidenta de la CIDH, la chilena Antonia Urrejola, rememoró que estas mismas prácticas las tuvo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cuando se convirtió en dictador.
Urrejola es parte de la Misión Internacional de Observación al Ecuador, que estuvo en los dos últimos días en Quito para observar cómo avanzan los procesos de selección del titular de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura.
Al concluir la visita, la misión rechazó las acciones gubernamentales, aún más por la propuesta de referéndum de cuatro preguntas que envió Daniel Noboa a la CC y que, en una de ellas, busca someter a juicio político a los magistrados, lo que actualmente está prohibido.
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Camino a la ‘acumulación de poder’
Lolo Echeverría, arquitecto y analista político, cree que el presidente Noboa ha protagonizado dos momentos en los veinte meses de gestión. El primero, la polarización del país.
“En la última campaña electoral condujo a los electores a que decidan por un bando, emocionalmente y no racionalmente”; y, ya instalados en la Presidencia, el siguiente paso es la “acumulación de poder”.
En la Asamblea Nacional controlan la mayoría legislativa adhiriendo a los ‘independientes’ y a los ‘desafiliados’.
Se “minimizó a la oposición al no darle participación en las comisiones especializadas y en los debates”, como a la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC).
Cooptó las mayorías en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y en el Consejo de la Judicatura; y, con esto, el siguiente paso sería controlar otras instituciones y la “conducta de los jueces”.
“Una vez que se ha asegurado esto, el presidente ha incrementado sustancialmente el poder. Solo le queda la Corte Constitucional para tener todos los poderes, y por eso era previsible la confrontación. No se trata de una confrontación en la cual se debata un tema jurídico… ¡Nada tiene de jurídico! Se trata de acumular poder y evitar que la CC tumbe las leyes porque no están conformes con la Constitución”, reflexionó Echeverría.
“Los que votamos por el presidente Noboa lo que queríamos era salir del populismo, pero lo que tenemos es populismo con ciertas estrategias, como la creación de un enemigo. Como la oposición, que era el correísmo, está desarticulada, hay que crear otro enemigo y ya lo tienen: la Corte Constitucional”, añadió.
Al llegar al poder en el 2023, Noboa mantuvo buenas relaciones con la RC y el Partido Social Cristiano (PSC), con Henry Kronfle en la presidencia del Parlamento.
En mayo del 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) legalizó su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, y con su vehículo propio corrió en las elecciones presidenciales de 2025.
Entonces, rompió relaciones con lo que apodó «la vieja política“.
Al ganar los comicios, se posesionó la Asamblea del ‘nuevo Ecuador’ con una mayoría de ADN que ofreció dejar atrás las ‘viejas prácticas’ políticas.
Duró poco el lema, pues en los dos primeros meses se reveló una red de parientes de los asambleístas de ADN contratados como servidores.
Jueces, fiscales y la Corte Constitucional, los ‘responsables’ de la inseguridad
Tras la ocurrido en la Asamblea, la campaña de desprestigio se redirigió a la Función Judicial y a la Corte Constitucional.
El ministro del Interior, John Reimberg, aparece en la prensa y en mensajes en redes sociales revelando los nombres de los jueces y fiscales “corruptos” que liberan criminales.
El último viernes, reiteró sus críticas a los jueces porque “no escarmientan” y siguen liberando a los delincuentes.
El debate sobre la depuración de la Función Judicial estuvo en la Comisión de Fiscalización del Parlamento, de mayoría gobiernista, a la que acudieron —en junio pasado— los ministros del frente de seguridad y comandantes de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Asistieron también el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y el titular de la Fiscalía General, Wilson Toainga, para contar las necesidades de contratar jueces y fiscales para actuar.
Pocas semanas después se aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye disposiciones que permitirán a la Judicatura declarar la emergencia y designar jueces y fiscales en procesos ‘expeditos’, es decir, sin concursos públicos.
A consecuencia de esta ley, la de Solidaridad Nacional y la de Inteligencia, vino la arremetida a los magistrados, que suspendieron varios artículos hasta resolver las demandas de inconstitucionalidad.
Un reciente colectivo, Ecuador Merecemos Paz, del que se desconoce quiénes lo integran, se atribuyó una campaña publicitaria en vallas en Quito, en la que se culpaba a los jueces de los asesinatos en el país, que se iban contabilizando en tiempo real.
“Como ya tienen al enemigo, la otra estrategia es la creación de relatos. Dicen que los jueces están por encima de todos, que no quieren dar cuentas a nadie y que están a favor de los delincuentes”, dijo Echeverría respecto de esta publicidad.
Es una estrategia política similar a la que ejecutó el expresidente Rafael Correa cuando identificaba como sus opositores a sectores económicos, medios de comunicación y periodistas, movimientos sociales de trabajadores, indígenas y ambientalistas.
“Antes, a los enemigos se los llamaba ‘pelucones’, ‘sicarios de tinta’… Ahora, quien opina diferente (contrario al Gobierno de Noboa) está del lado de los grupos de delincuencia organizada (GDO). La idea es la confrontación directa”, increpó el catedrático y analista Santiago Basabe.
“No es real que la Corte sea un enemigo de los intereses de la sociedad. Aquí, el punto de fondo es que el Gobierno está buscando a un opositor político sobre el cual legitimarse frente a la ciudadanía”, manifestó Basabe en una entrevista en la cadena Ecuavisa, el 13 de agosto.
A criterio del docente universitario y escritor Pablo Escandón, la búsqueda de este enemigo se debe a que los partidos y movimientos se muestran débiles.
“El Gobierno no tiene un opositor político. El opositor real es el narcotráfico y los grupos criminales, pero necesita un político y lo busca dentro de la organización del Estado. Primero fue por la Asamblea; ahora es el sistema judicial y constitucional… Y por eso, dice el Gobierno, es necesaria esta reforma constitucional, para que todos estén bajo esta supervisión política. Ni siquiera es un control social el que se busca, sino político”, lamentó Escandón.
Para él, esto es el preludio de la “precampaña por la consulta popular” para que, cuando se produzca el sufragio, “los resultados sean los que el presidente Noboa necesita”.
“Volvimos al garcianismo (Gabriel García Moreno), alfarismo (Eloy Alfaro) y velasquismo (José María Velasco Ibarra), y ahora estamos viendo un naciente noboísmo”, ahondó el catedrático.
En esta coyuntura —opinó Echeverría—, puede pasar que los jueces se rindan por miedo o porque les ganó la batalla el Gobierno.
“Pero si el control constitucional va a la Asamblea, quiere decir que no necesitamos a los magistrados, porque cuando a la mayoría legislativa no le guste el fallo de los jueces les harán juicio político y los destituyen. Si la Corte no da paso a la consulta mañosa, al Gobierno le quedan dos caminos: el desacato o llamar a una consulta para una asamblea constituyente, y ambas cosas son terribles”, opinó Echeverría. (I)
Fuente:El Universo