El Parlamento Centroamericano (Parlacen) ha anunciado que evaluará las repercusiones legales, operativas, políticas y diplomáticas tras la decisión de Nicaragua de denunciar el tratado que le dio origen. La institución, con sede en Guatemala, emitió un comunicado el 4 de octubre en el que subraya que cualquier modificación en la participación de los Estados miembros debe regirse por el derecho internacional y el principio de buena fe, así como por las normativas del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Implicaciones jurídicas de la denuncia de Managua
El organismo regional confirmó que mantiene abiertos los canales de comunicación con los Estados parte para atender sus inquietudes. También reiteró que preservar la institucionalidad comunitaria resulta esencial para sostener la agenda regional de desarrollo y la representación de Centroamérica en el ámbito internacional.
“Toda modificación en la composición o participación de los Estados Parte debe procesarse bajo el estricto cumplimiento del derecho internacional”, sostuvo el Parlacen en el comunicado.
La entidad citó el principio de pacta sunt servanda, que establece el deber de los Estados de cumplir de buena fe los tratados que suscribieron. Los compromisos asumidos por los países deben respetarse para garantizar la seguridad jurídica regional.
Llamado a preservar la institucionalidad de la integración centroamericana
El Parlacen describió a la integración centroamericana como un compromiso histórico con la paz, los derechos humanos y la democracia representativa y plural. A la vez, expresó que la soberanía de cada Estado se fortalece a través del respeto de las normas nacionales y los acuerdos internacionales vigentes.
El comunicado concluyó con un llamado a la fraternidad, la responsabilidad histórica, la unidad y el apego a la legalidad.
“La unidad y el apego a la legalidad son el único camino para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar regional”, afirmó.
El régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, anunció el sábado su salida inmediata del Parlacen tras denunciar el tratado constitutivo del organismo. La decisión fue comunicada el 3 de octubre mediante una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería nicaragüense sostuvo que la medida responde al “ejercicio pleno de su soberanía” y notificó la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas a la Junta Directiva del organismo. El Gobierno también trasladó la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del acuerdo, para que informe a los demás Estados miembros sobre la salida de Nicaragua.
Nicaragua es el segundo país que manifiesta su interés en retirarse del organismo; el primero fue El Salvador, país que hasta modificó su Constitución para no elegir esos representantes desde las elecciones de 2027.
Antecedentes del Parlacen y contexto regional
El tratado que dio origen al Parlacen fue firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987. El organismo inició sus actividades en 1991 como una instancia de representación política y debate regional dentro del proceso de integración centroamericana.
La decisión de Managua se conoció un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución que reclama a Nicaragua el restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de los presos políticos y condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
El texto pide a las autoridades nicaragüenses que restituyan el espacio cívico, pongan fin a las represalias y garanticen los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales aplicables al país.
Fuente: Infobae