El concurso para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado se acerca a una etapa de definiciones: cuántos de 27 participantes seguirán en la competencia para demostrar sus conocimientos y competencias para dirigir la institución por un periodo de seis años.
Entre el 5 y 6 de octubre, los nueve (de diez) miembros de la comisión ciudadana encargada de desarrollar las fases del concurso de selección de esta autoridad resolverán cuántas de las 41 impugnaciones planteadas en contra de los 27 postulantes al cargo se califican o se archivan.
La consecuencia de ello es que, de aceptarse las objeciones a la probidad notoria, los concursantes serán descalificados o, de lo contrario, seguirán en el proceso.
La tarde del jueves se concretó la última audiencia pública —de un total de 41— en la que se sustanció la impugnación en contra de la aspirante Sandra Morejón, interpuesta por Hamilton Taramuel, un hombre de 19 años sobreseído de ser sospechoso del delito de robo en el 2025, quien objetó la participación de otros tres aspirantes.
El reglamento para la designación de esta autoridad, expedido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que a la vez vigila las actuaciones de la comisión, señala que una vez que concluyeron las audiencias para escuchar a las partes interesadas, los comisionados tienen dos días hábiles para pronunciarse sobre la calificación o archivo de estos recursos.
Luego se notificará a los intervinientes para que, de ser el caso, planteen recursos de apelación ante el pleno del CPCCS, cuya decisión será de última y definitiva instancia.
Es decir, aquellas impugnaciones que sean calificadas por los consejeros de Participación provocarán la descalificación de los postulantes.
Estas impugnaciones se presentaron en contra de los 27 participantes y en el transcurso de estos quince días de jornadas de audiencias, dos se archivaron porque los accionantes no se presentaron.
Estas fueron en contra de los aspirantes Daniella Camacho, actual jueza de Corte Nacional de Justicia (CNJ), y Carlos Alarcón, fiscal subrogante.
El siguiente paso es la notificación a los intervinientes para que, de ser el caso, planteen recursos de apelación ante el Pleno del CPCCS y aquellas que sean calificadas provocarán la descalificación de los postulantes.
De acuerdo con el cronograma de actividades, aquellos ciudadanos o participantes que rechacen la resolución de los comisionados podrán presentar sus apelaciones entre el 13 y el 15 de octubre.
Simultáneamente, los miembros de la comisión deben preparar la fase de oposición, que consiste en un examen de conocimientos escrito y uno práctico valorados en 30 y 20 puntos, respectivamente.
Para esto deben integrar un equipo de 30 catedráticos nominados por las universidades del país, especializados en derecho penal, procesal penal, derecho constitucional, derechos humanos, gestión pública y pedagogía.
Estos académicos deben cumplir los requisitos que se exigen para los aspirantes a fiscal general y que no estén incursos en inhabilidades para ocupar un cargo en el Estado.
Este procedimiento ya empezó. En mayo pasado, el Consejo de Participación dio un plazo de diez días para que las universidades nominen a los docentes que elaborarán unas 3.000 preguntas para que los concursantes respondan y los casos prácticos.
Hasta la actualidad se desconoce cuántos catedráticos entrarán a una etapa de revisión de requisitos.
Los 50 puntos de este ciclo se suman a los otros 50 que obtuvieron los aspirantes en sus méritos profesionales.
El último calendario de actividades difundido por la comisión ciudadana ofrece que, en medio de las festividades de Navidad o Año Nuevo, se conocería a la nueva autoridad que alcance el más alto puntaje sobre 100 puntos. (I)
Fuente: El Universo