En entrevista con KCH FM Radio y KCH TV, la abogada Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, se refirió a la hoja de ruta legislativa de la comisión y a los avances de la nueva Ley de Inquilinato.
Torres indicó que tras la aprobación de la Ley de Extradición, la comisión se encuentra en la fase final de la nueva Ley de Inquilinato, cuyo debate en el pleno está previsto para esta semana.
Según explicó, se trata de una modernización integral de una normativa vigente desde el año 2000, que contemplaba al sucre como moneda de pago y permite contratos verbales, lo que ha generado vacíos legales y conflictos recurrentes entre arrendadores y arrendatarios.
Principales cambios propuestos:
- Formalidad y reglas claras: La nueva ley establece la obligatoriedad de contratos escritos y elimina la validez de los acuerdos verbales para evitar disputas sobre canon, garantías y condiciones.
- Regulación de la garantía: Se fija por primera vez un tope legal de dos cánones de arrendamiento por concepto de garantía. Torres señaló que actualmente se cobran hasta tres o cuatro meses sin regulación. Además, se establece un plazo de 15 días para la devolución de la garantía una vez verificado el estado del inmueble.
- Figura del inventario: Se incorpora como requisito un inventario con respaldo fotográfico que describa el estado y el menaje del bien al momento de la entrega. La medida busca diferenciar el desgaste por uso y antigüedad de los daños por responsabilidad del inquilino, especialmente en inmuebles amoblados.
- Desahucio bilateral: La figura del desahucio deja de ser unilateral y pasa a ser bilateral y consensuada. Ambas partes deberán acordar la terminación del contrato con un plazo de 90 días para el traslado y la transición.
Torres enfatizó que el objetivo de la reforma es equilibrar derechos y obligaciones, brindar seguridad jurídica a ambas partes y cerrar espacios a prácticas informales. El contrato, además, deberá celebrarse ante notario.
Sobre la eliminación de la Unidad Anticorrupción por el Consejo de la Judicatura
Consultada sobre la decisión del Consejo de la Judicatura de eliminar las unidades anticorrupción, Torres calificó el tema como sensible y confirmó que la Comisión de Justicia avocó conocimiento del caso e inició un proceso de fiscalización.
Indicó que se solicitó información oficial al organismo y que, hasta el momento de la entrevista, no se había recibido respuesta, por lo que evitó emitir un criterio anticipado. Sostuvo que, de comprobarse una actuación contraria a la ley, existiría un incumplimiento de funciones.
Agregó que, por su experiencia previa como funcionaria de la Corte Nacional de Justicia, conoce el funcionamiento del sistema judicial y que la comisión actuará con cero tolerancia, convocando las comparecencias que sean necesarias una vez analizada la documentación.
JDET