A una semana de la vigencia de toque de queda en cuatro provincias de Ecuador se contabilizan al menos 901 detenidos por diversos delitos.
Desde el 17 al 30 de septiembre, en Guayas, Manabí, Los Ríos y Manabí se aplica la medida especial dentro de la declaratoria de estado de excepción, mientras las fuerzas del orden intensifican operaciones contra grupos de delincuencia organizada.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó esta mañana en Radio Centro que los aprehendidos son sospechosos de extorsión, sicariato, tenencia y porte de armas, tráfico de droga, entre otros delitos similares. Esa cifra no incluye a personas que incumplieron el toque de queda, precisó la autoridad.
A la par, el Gobierno ha dado golpes a las economías criminales con incautación de al menos seis toneladas de droga que representan una afectación de 200 millones de dólares.
Entre las recientes intervenciones, la Policía Antinarcóticos encontró caletas de droga con tres toneladas de droga en Manabí. Este alcaloide habría pertenecido a Los Choneros y representa un golpe de más de $ 87 millones.
“El toque de queda fue el momento preciso para poder llegar al lugar e incautar la droga que estaba allí, que estaban enterrada en distintas caletas de esa zona, cerca sí de la salida del mar por donde ellos sacaban”, dijo.
Reimberg también destacó que un presunto antisocial abatido y otro quedó herido en medio de la actuación de la Policía en Guayaquil.
En este incidente, ambas personas habrían resultado involucrado en un hecho delictivo, por lo que los uniformados.
En otra operación, la Policía también detuvo a diez presuntas integrantes de Los Tiguerones que estarían vinculados con muertes violentas, extorsión, secuestro, expendio de droga y uso de armas de fuego.
Luego de ocho meses de investigaciones, la Policía pudo determinar la integración de esta red que estaría integrada por cabecillas, intermediarios y integrantes con diferentes funciones y categorizados como individuos de interés penal relevante (IIPR)
“Se establecieron también elementos de vinculación con nueve muertes violentas ejecutadas entre abril y julio de 2026, además de atentados contra servidores policiales, expuso el general Pablo Dávila, comandante de Policía Nacional.
El ministro también se refirió a la posible utilización de la base de Taura para facilitar la cooperación internacional de países vecinos.
“Aquí somos sumamente claros, todas las decisiones claras: todas las decisiones necesarias para atacar a estos grupos de crimen”, dijo el ministro. (I)
Fuente: El Universo