Este miércoles, 23 de septiembre, el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, será trasladado desde la Cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, para ejercer su propia defensa dentro de la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre él en el denominado caso Blindado.
La jueza nacional Daniella Camacho dio paso al traslado solicitado, dejando claro que serán los funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (Snai) quienes deberán adoptar las medidas necesarias que permitan al procesado asistir a la sala de audiencias del octavo piso de la CNJ.
Pese a ello se deja abierta la posibilidad de que si no se concreta el traslado, y para evitar dilaciones, se tomen las acciones para garantizar la participación del acusado. La audiencia de revisión de medidas cautelares no solo fue pedida por Vicko Villacís y otros investigados, sino también por el fiscal general encargado Carlos Alarcón contra la medida de presentación periódica que mantiene el juez coprocesado Carlos Vinicio Aguirre.
A inicios de junio pasado se formuló cargos en contra de varias personas naturales, entre ellas el alcalde Villacís, por considerarlas autoras directas del delito de lavado de activos tipificado y sancionado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El caso inició en manos de fiscales y jueces sin fuero de Corte Nacional y se evidenció toda una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales.
La organización, explicó la Fiscalía, estaba integrada por Vicko Villacís Tenorio, quien para el periodo 2023-2027 fue elegido alcalde del cantón Esmeraldas y tenía el deber de preservar los dineros del Estado.
“Contrario a ello, Vicko Villacís, de manera conjunta y coordinada con servidores servidores públicos y particulares familiares, se dedicaron a cometer presuntos delitos a través de estructuras estatales y empresariales, apoyados en la conformación de empresas a través de la creación y el uso de compañías, y un consorcio, así como empresas fachada, realizaron varias acciones encaminadas a la comisión de conductas penalmente relevantes, en este caso, lavado de activos y otros delitos”, anotó el fiscal Alarcón el 1 de septiembre pasado, día en que vinculó como coautores del delito de lavado de activos a cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, un juez de la Unidad Multicompetente de Atacames, una persona natural y tres personas jurídicas (empresas).
El caso Blindado pasó a conocimiento de la Corte Nacional debido al fuero que cobija a los jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas que figuran entre los sospechosos.
Entre los vinculados están quienes fueron jueces provinciales de Esmeraldas: Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre. También de la lista de vinculados es parte Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; como persona natural Iván Sol González; mientras que como personas jurídicas Reypezpacific S.A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
A decir de la Fiscalía, en esta causa se ha determinado hasta este momento que se ha ingresado de forma inusual e injustificada, como monto de un lavado, cerca de $ 7′ 543.716.52. Este monto, refirió Alarcón, resultaría de la sumatoria de las indemnizaciones establecidas como pago en las acciones de protección.
El fiscal Alarcón dijo que se tiene claro que esta red de corrupción desplegaba un modus operandi recurrente: la desnaturalización y el abuso arbitrario de garantías jurisdiccionales, para de forma dolosa emitir sentencias en primera y segunda instancia.
“Cabe hacer énfasis que fueron acciones de protección con medidas de reparación económica millonarias, así como la simulación de contratación con instituciones estatales. Principalmente, la empresa pública Petroecuador, Refinería de Esmeraldas, Senae. El dinero que se obtiene de forma ilícita, es decir, contra y con abuso del derecho, fue posteriormente introducido en el sistema financiero nacional, sometido a un proceso de colocación, estratificación e integración a través de servidores judiciales, empresas fachadas familiares y terceras personas”, añadió Alarcón.
A inicios de octubre próximo se cierran los 120 días de instrucción fiscal contra las 18 personas naturales y jurídicas procesadas en el caso Blindado. (I)
Fuente: El Universo