A lo largo de más de 30 años, varios cárteles mexicanos emplearon un mismo sistema para hacer desaparecer a sus víctimas: disolverlas en ácido o sosa cáustica. Esta técnica, bautizada como “pozoleo”, tuvo su cuna en Tijuana con el Cártel de los Arellano Félix y luego fue adoptada por organizaciones como Los Zetas, La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este último, con su campo de exterminio en Rancho Izaguirre, Jalisco, volvió a poner en el centro del debate esta práctica en 2025.
El apodo “pozolero” proviene del platillo mexicano homónimo, debido a la semejanza entre la cocción del guiso y la descomposición de restos humanos en tambos con químicos corrosivos. Quien realiza esta tarea por orden de un cártel recibe ese nombre, una costumbre que se ha documentado en México desde mediados de los años 80 y que permitió a múltiples grupos criminales borrar evidencias de miles de homicidios sin dejar rastros identificables.
Los orígenes del “pozoleo” en el Cártel de Tijuana
El método se remonta a Efraín Pérez Arciniega, alias “El Efra”, señalado en documentos judiciales como el pionero del “pozoleo” dentro del Cártel Arellano Félix (CAF). Fue él quien coordinó el primer ensayo con sosa cáustica para verificar su efecto en tejido animal, antes de aplicarlo a cuerpos humanos.
Seis meses después de aquella prueba inicial, según declaraciones recabadas por las autoridades, el cártel decidió experimentar con cadáveres. El primer cuerpo fue disuelto una noche de 1996 en un tambo con 200 litros de agua, conforme consta en testimonios ministeriales.
El proceso se fue refinando: se llenaba hasta la mitad un tambo de 200 litros con agua, se añadían dos costales de sosa cáustica, se ponía al fuego y, cuando hervía, se introducían los restos humanos durante horas. Al final, solo flotaban dientes y uñas en un líquido espeso.
Pérez Arciniega instruyó a varios operadores del CAF en esta técnica, entre ellos a quienes se convertirían en los pozoleros más notorios de la organización. Actualmente cumple una pena de 25 años en Estados Unidos y, según el Buró de Prisiones estadounidense, será liberado el 20 de abril de 2030.
Santiago Meza López, “El Pozolero”, el caso más emblemático
El operador más famoso de este método fue Santiago Meza López, un albañil que cuidaba caballos para el CAF cuando fue reclutado para disolver cuerpos. Meza contó ante la Fiscalía que Pérez Arciniega lo convocó para presenciar el experimento inicial con una pierna de res.
“Me pidieron moviera la sosa en el agua para que se desbaratara y cuando empezó a humear eché una pierna”, declaró Meza López sobre aquella primera prueba, según consta en su expediente judicial.
Meza López fue arrestado el 22 de enero de 2009 en Tijuana, cuando trabajaba directamente para Teodoro García Simental, “El Teo”, y su hermano Emmanuel, “El Muletas”. Confesó haber disuelto al menos 300 cuerpos durante diez años, a cambio de 600 dólares semanales, aunque las autoridades estimaron que la cifra real podría superar los 650.
Meza López disolvió cadáveres para el Cártel de Tijuana durante al menos nueve años, entre 2000 y 2009. Ante la Fiscalía confesó haber deshecho al menos 300 cuerpos, aunque los investigadores calculan que la cifra real podría alcanzar los 2 mil 500 si se contabiliza desde 1984.
En el predio conocido como “La Gallera”, en el Ejido Maclovio Rojas de Tijuana, se encontraron entre 14 mil y 17 mil restos humanos, además de 16 mil 500 litros de emulsión orgánica. Según Fernando Ocegueda, presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos, esa cantidad podría corresponder a 720 cuerpos adicionales que no pudieron exhumarse por seguir en estado líquido.
En marzo de 2024, un juez federal del Estado de México condenó a Meza López a 30 años y ocho meses de prisión por delincuencia organizada y secuestro, la misma pena que recibió su cómplice Héctor Manuel Diarte Guerrero. Posteriormente, un Tribunal de Apelación con sede en Tepic, Nayarit, incrementó cinco años la condena por delincuencia organizada, aunque determinó que la pena ya estaba compurgada. Según el semanario ZETA, tras ese fallo no fue posible ubicar a Meza López en ninguno de los centros penitenciarios del país.
Así funciona el método: el paso a paso del proceso
El propio Meza López describió el procedimiento en sus declaraciones ante las autoridades. Llenaba la mitad de tambos de 200 litros con agua y les agregaba dos sacos de sosa cáustica granulada, que ponía al fuego hasta que hervían. Una vez que la mezcla comenzaba a humear, arrojaba el cuerpo completo dentro del tambo.
La carne se disolvía en un lapso de entre dos y ocho horas, según distintas versiones, hasta convertirse en una sustancia espesa y con espuma, donde solo quedaban dientes y uñas sin desintegrar.
Meza López utilizaba guantes de látex y máscaras especiales para protegerse de los gases tóxicos que desprendía el proceso.
Al día siguiente, cerraba los tambos de plástico y los trasladaba en una camioneta pick up hasta arroyos o basurales, donde vertía el contenido y, en ocasiones, le prendía fuego con gasolina a lo que quedaba.
Marco Antonio García Simental, “El Cris”, el primer pozolero condenado
El primer operador conocido en aplicar esta técnica dentro del CAF fue Marco Antonio García Simental, también identificado como Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”. Trabajó para la organización desde 1999, bajo las órdenes de su hermano Teodoro García Simental.
A “El Cris” se le atribuye la desaparición de al menos 15 cuerpos disueltos en tambos con ácido, en su mayoría de integrantes del Cártel de Sinaloa, en el marco de la disputa territorial entre los Arellano Félix y la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
García Simental fue detenido en 2004. Su proceso penal se extendió 22 años: en septiembre de 2026, un juez federal lo condenó a 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y homicidio simple en grado de tentativa.
La causa también lo vinculó al asesinato de tres agentes federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ocurrido en el año 2000 en la zona de La Rumorosa, Baja California. En la misma causa, José Barraza Benítez, alias “El Chepe”, recibió una condena de 26 años de prisión.
La expansión del método a otros cárteles
El debilitamiento del Cártel de Tijuana y la captura de sus principales líderes no eliminaron la técnica del “pozoleo”: otras organizaciones criminales la adoptaron y la adaptaron. Los Zetas desarrollaron su propia variante, conocida como “guisado”, a comienzos de la década de 2000.
Uno de los casos más documentados de esta expansión ocurrió en Jalisco, en marzo de 2018, cuando tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara identificados como Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco García Ávalos respectivamente, fueron secuestrados por miembros del CJNG tras ser confundidos con integrantes de una banda rival.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que los jóvenes fueron torturados, asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido sulfúrico. En el domicilio donde ocurrieron los hechos se encontraron 46 bidones de 56 litros de ácido sulfúrico y tres depósitos con restos del compuesto, además de 18 perfiles genéticos distintos a los de los estudiantes, lo que sugirió que el sitio ya había sido utilizado antes para disolver otros cuerpos.
Uno de los detenidos por ese caso fue Christian Omar Palma Gutiérrez, conocido como el rapero “QBA”, quien confesó ante la Fiscalía haber disuelto en ácido los cuerpos de los tres estudiantes a cambio de 3 mil pesos semanales que le pagaba el CJNG. Según reportes de inteligencia, el joven ya había realizado la misma tarea con los restos de al menos otras dos personas asesinadas por la organización.
En 2015, autoridades jaliscienses también aseguraron un rancho en el municipio de Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, donde se hallaron restos óseos y dentales junto con cinco tinacos con residuos de ácido clorhídrico, en un predio que entonces ya se atribuía al CJNG.
Rancho Izaguirre: el crematorio clandestino del CJNG
El hallazgo más reciente y de mayor magnitud ocurrió en marzo de 2025, en un predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en la localidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al sitio el 5 de marzo tras recibir una llamada anónima.
Tras cinco horas de búsqueda, el colectivo localizó el primero de tres hornos crematorios clandestinos, enterrados bajo una capa de tierra y una losa de ladrillo. Junto a los hornos se hallaron fragmentos óseos calcinados, más de 400 prendas de vestir, alrededor de 200 pares de zapatos, mochilas, maletas, identificaciones oficiales y libros.
El predio, de casi 10 mil metros cuadrados, ya había sido intervenido por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024, cuando se registró un enfrentamiento con diez personas detenidas, dos liberadas y un cuerpo localizado. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco reconoció que esa inspección inicial no cubrió la totalidad del terreno debido a su extensión, por lo que los hornos y buena parte de los restos no fueron detectados en ese momento.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, admitió públicamente que “se hace evidente que los trabajos fueron insuficientes” y anunció una investigación por posibles omisiones de autoridades. Un informe posterior de la Fiscalía General de la República (FGR) documentó 13 omisiones cometidas por instituciones estatales, entre ellas la falta de rastreo de indicios y la ausencia de investigación sobre posibles nexos con autoridades locales.
Sobrevivientes que estuvieron cautivos en el rancho relataron ante el colectivo cómo eran obligados a participar en la desaparición de cuerpos. “Nos obligaban a hacer unos hoyos, unas fosas… ponían una plancha de piedra y ladrillo, ahí aventaban los cuerpos seccionados. En el fondo había un cuarto que le llamaban ‘la carnicería’, ahí nos obligaban a quemarlos”, narró uno de ellos, según reprodujo el colectivo.
La magnitud del fenómeno en México
El “pozoleo” y sus variantes se insertan en un fenómeno de desaparición forzada que supera las 5 mil 600 fosas clandestinas registradas en el país, desde La Bartolina, en Tamaulipas, hasta Colinas de Santa Fe, en Veracruz. Solo en Jalisco se contabilizan más de 15 mil personas desaparecidas.
Parte de la persistencia del método responde a su bajo costo: un kilo de ácido sulfúrico cuesta entre 4.20 y 5.70 pesos en México, lo que ha facilitado que distintas células criminales lo utilicen para eliminar evidencia sin necesidad de insumos sofisticados.
La disolución química de los cuerpos también representa un obstáculo forense de fondo: al destruir tejidos y, en muchos casos, el ADN de las víctimas, impide su identificación posterior y deja a las familias sin certeza sobre el destino final de sus desaparecidos.
Fuente: Infobae